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Asesinado Mauricio Arredondo afiliado a la USO, junto con su esposa: se cumplen las amenazas paramilitares en un clima de linchamiento mediático contra el sindicato, impulsado El ex-presidente Uribe y su ex Vicepresidente Santos

2012-01-27T02:57:00.000-08:00

Por Prensa USO y CUT

"(...)El ex-presidente Uribe, su ex Vicepresidente Santos, y representantes de agremiaciones petroleras del país, se dedicaron por los medios masivos de comunicación a señalar a la U.S.O como parte del sindicalismo armado colombiano, hechos que consideramos como la construcción de una Otredad Negativa, con una intencionalidad clara, allanar el terreno para la eliminación física y legitimar y justificar la misma.

Advertimos a los representantes de la empresa de un cercano asesinato de un miembro de la U.S.O y le exigíamos respondiera por la seguridad de los miembros del sindicato. Pero el 17 de enero de 2012 en horas de la noche, en la vía Puerto Asís, fueron asesinado el compañero MAURICIO ARREDONDO y su esposa JANETH ORDOÑEZ CARLOSAMA. El compañero es dirigente y líder comunitario, el pasado 13 de enero había participado en el foro regional petrolero(...)"

En Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo

¿Sabe usted que en Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo?

En Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, por una violencia sistemática del Estado colombiano

Departamento de Derechos Humanos de la CUT

23-01-2011

“ en Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.”

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Miércoles, 18 de Enero de 2012 13:08 - Escrito por prensa uso

Asesinado Mauricio Arredondo afiliado a la USO subdirectiva Orito

El año 2011 estuvo marcado por las luchas petroleras en todo el país, la llegada de la 'locomotora' minero-energética con el sofisma del desarrollismo, trae consigo una serie de impactos sociales, territoriales y ambientales, pero sobre todo hemos evidenciado una serie de violaciones de derechos humanos.

El ex-presidente Uribe, su ex Vicepresidente Santos, representantes de agremiaciones petroleras del país, se dedicaron por los medios masivos de comunicación a señalar a la U.S.O como parte del sindicalismo armado colombiano, hechos que consideramos como la construcción de una Otredad Negativa, con una intencionalidad clara, allanar el terreno para la eliminación física y legitimar y justificar la misma.

En el mes de diciembre en el marco de la reunión semestral de comisionados de DDHH, USO-Ecopetrol, el sindicato planteo el tema y le exigió a la empresa un pronunciamiento público frente a esas declaraciones, que desmintiera tales afirmaciones, el mismo nunca fue realizado, constituyéndose en silencio cómplice.

En dicha reunión, advertimos a los representantes de la empresa de un cercano asesinato de un miembro de la U.S.O y le exigíamos respondiera por la seguridad de los miembros del sindicato.

Hechos:

El 17 de enero de 2012 en horas de la noche, en la vía Puerto Asís, fueron asesinado el compañero MAURICIO ARREDONDO y su esposa JANETH ORDOÑEZ CARLOSAMA

El compañero es trabajador de la empresa PEI, Servicios Petroleros, reconocido dirigente y líder comunitario de la vereda Teteye en el municipio de Puerto Asís, el pasado 13 de enero había participado en el foro regional petrolero, que se realizó en Orito, departamento del Putumayo.

Solicitudes y Responsabilidades:

• Solicitamos a las autoridades judiciales se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y judicializar a los responsables, para que no exista impunidad en el caso.

• Responsabilizamos al Estado colombiano y a Ecopetrol S.A, por su negligencia y actuación tardía en prevenir agresiones y atentados contra nuestro sindicato.

• Solicitamos a las organizaciones de DDHH y sindicales nacionales e internacionales, rechazar estos hechos y solicitar al gobierno nacional y a ECOPETROL S.A. responda por la seguridad de los miembros de la USO.

DE MANERA SOLIDARIA, NOS SUMAMOS AL DOLOR DE LAS FAMILIAS DEL COMPAÑERO Y SU ESPOSA, LES OFRECEMOS TODO NUESTRO RESPALDO MORAL, POLÍTICO Y JURIDICO PARA EXCLARECER LOS HECHOS.

COMISION NACIONAL DE DDHH Y PAZ USO
JUNTA DIRECTIVA USO NACIONAL

Bogotá, 18 de Enero de 2011

http://www.usofrenteobrero.org/index.php?option=com_content&;;view=article&id=3193:asesinado-mauricio-arredondo-afiliado-a-la-uso-subdirectiva-orito&catid=61:orito&Itemid=103

En el gobierno de Juan Manuel Santos, sigue vigente la política antisindical

Asesinado en Putumayo Líder Social y Sindical del Sector Petrolero. En el atentado también murió su esposa.

Informaciones deSINALTRAINAºLeditadas en Rebanadas

Informaciones relacionadas:

Colombia:Asesinaron a Mauricio A. Redondo, dirigente de la USO - Por laUSO-Orito

Atenas: Mensaje de solidaridad con lostrabajadores colombianos - Por elSecretariado de la FSM

Bruselas:Asesinato de líder sindical petrolero en Colombia

Rebanadas de Realidad - SINALTRAINAL, Seccional Bogotá, 20/01/12.-

La violencia antisindical que sigue martirizan-do a Colombia, en este 2012 cobró su primera víctima en el departamento del Putumayo, sur del país. Se trata de Mauricio A. Redondo, sin-dicalista de la Unión Sindical Obrera y líder social del municipio de Puerto Asís, asesinado por dos sicarios la noche del martes 17 de ene-ro en la vereda Teteyé de este municipio, aten-tado en el que también falleció su esposa Ja-neth Ordóñez Carlosama, quien en ese momen-to lo acompañaba.
La muerte de la pareja dejó completamente huérfanos a 5 hijos, todos menores de edad.
Según declaraciones a esta agencia por parte de Julio Vargas, presidente de subdirectiva de la USO Putumayo, el doble crimen se produce en medio de un conflicto social y laboral en Teteyé, zona donde Mauricio Redondo participaba activamente en el movimiento de protesta y paro la-boral que desde hace tres semanas las organizaciones sindicales y comunitarias promueven para exigir mejores garantías de trabajo y de salarios, y denunciar los daños ambientales generados por las empresas petroleras establecidas en la región; situación que comparó a la que el año pa-sado desencadenó la protesta social y laboral en la zona de Puerto Gaitán, Meta.
El sindicalista asesinado tenía 36 años de edad, laboraba como operador de PEI, empresa contra-tista que presta servicios en la extracción petrolera. Era reconocido por su liderazgo social, y en tal condición había participado, cuatro días antes de su asesinato, en el Primer Foro Petrolero por el Derecho al Trabajo, la Reivindicación Social y Económica, realizado el 13 de enero en el mu-nicipio de Orito, evento al que asistieron representantes de distintas organizaciones sociales de Putumayo.
Redondo, en su condición de contratista, era uno de los 220 afiliados a la USO Subdirectiva Orito, en la cual el 40% de los afiliados son trabajadores directos de Ecopetrol, y el 60% son contratistas de empresas que operan para este ente estatal.
En el comunicado en el que la presidencia de la USO y la CUT Nacional informan sobre este do-ble homicidio, también se denuncian otras situaciones atentatorias de los derechos laborales y humanos de los trabajadores de esta región del sur de Colombia, como lo son las reiteradas ame-nazas contra líderes sociales y sindicales, vía mensajes al celular y correos electrónicos. Es el caso de los dirigentes de la subdirectiva de la USO en Orito: Manuel Coronado, José Sócimo Erazo y su presidente Julio Vargas. Incluso se recibió llamada con la amenaza de volar la sede sindical con explosivos.
Denuncian asimismo las amenazas de que fueron objeto 4 operarios del área Nororiente Batería Mansoyá, quienes debieron salir apresuradamente de allí para salvar sus vidas. Y solicitamos a las autoridades judiciales se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y judicializar a los responsables, para que no exista impunidad en este caso.
Por su parte Yesid Calvacho, presidente del Sindicato Petrolero del Putumayo (Suintrapetroputumayo), denunció que en la zona de Villa Garzón hay 16 líderes comunitarios y sindicales amenazados, y otros más en La Hormiga, Orito, Teteyé, Puerto Asís, Caicedo, lo mis-mo que personas desplazadas. “La comunidad y sus organizaciones sociales no están de acuerdo en la forma como las empresas petroleras explotan el territorio, y ello ha originado una agresión contra los líderes: amenazas, intimidaciones, calumnias y judicializaciones”, señaló Calvacho.
Se recuerda que el año 2011 fueron asesinados en Colombia 29 sindicalistas, la mayoría de ellos del sector educativo.

Asesinaron a Mauricio A. Redondo, dirigente de la USO

Por la USO-Orito

Informaciones de la USOeditadas en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - USO, Barrancabermeja, 17/01/12.- Una vez más, vemos como se apaga una luz de esperanza en el transitar de nuestra lucha, en la defensa de los derechos de los trabajadores, de las comunidades, de los cabildos indígenas, y en contra del desplazamiento forzoso de nuestros trabajadores afiliados a nuestra organización sindical USO-ORITO.
En la noche del día 17 de enero de 2012 en horas de noche, siendo las 7:30 pm fue vilmente asesinado el compañero Mauricio A. Redondo junto con su esposa, en el municipio de Puerto Asís. Este compañero afiliado a nuestra Organización Sindical Obrera USO, participó en el foro Petrolero, el 13 de enero del año en curso, Trabajador de la empresa PEI ( SERVICIOS PETROLEROS) y dirigente y líder comunitario, en la Vereda Teteye, corredor Puerto Vega, municipio Puerto Asís, departamento del Putumayo; hoy fue apagado una voz de protesta para las comunidades y sus amigos.
Vemos con preocupación la situación que se está presentando en este rincón del país:

Trabajadores de Ecopetrol S.A salen a amenazados del área Nororiente Batería Mansoya.
Los dirigentes sindicales de la subdirectiva USO Orito, Manuel Coronado, José Socimo Erazo y Julio A. Vargas son amenazados por medio de mensajes de celular.
Se recibió llamadas en nuestra Sede Sindical amenazando a los dirigentes y la infraestructura (sede sindical) volar la sede de la Unión Sindical Obrera si no atendemos sus demandas.
Se abren procesos Disciplinario en contra de los compañeros Orlando Cubillos y José Socimo Erazo dirigente sindical.

Hacemos un llamado a todas las comunidades como Juntas de Acción Comunal, Asociación de desempleados en Orito, Asociación de Transportadores de Orito, Asociación de desempleados de la Hormiga, Cabildos Indígenas del Putumayo, Asociación de desempleados de Puerto Asís, Asopetroputumayo en Villagarzon, Asamblea Departamental, comunidades Afro, Asociación de Campesinos del Putumayo a que estemos en pie de lucha y a no dejarnos amedrentar por enemigos de la paz, que lo único que buscan es desorganizar esta justa lucha de la comunidad.
Repudiamos de todo punto de vista las acciones y las continuas amenazas en contra de los líderes sindicales y líderes comunitarios y rechazamos el reciente asesinato del compañero Mauricio A. Redondo y de su esposa.

VIVA LA UNIÓN SINDICAL OBRERA, ORGANIZACIÓN QUE HIZO POSIBLE LA CREACIÓN DE ECOPETROL PATRIMONIO DE LOS COLOMBIANOS QUE SEGUIMOS DEFENDIENDO…. VIVA…VIVA…

POR EL LIBRE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD SINDICAL Y EL DERECHO A SUS AFILIADOS

Sigue actuando a sus anchas el brazo paramilitar del Estado, denuncia la Comunidad de Paz de San José de Apartadó otro asesinato de uno de sus integrantes

2012-01-27T02:49:00.000-08:00

Sigue actuando a sus anchas el brazo paramilitar del Estado

Enviado por cdpsanjose el Jue, 2012-01-26 13:04. :: Constancias

Los medios de comunicación y el discurso oficial siguen negando la existencia y el accionar de las estructuras paramilitares mientras éstas, gracias a ese encubrimiento, actúan con más descaro y seguridad. El Presidente Santos acaba de promover a los comandantes de la Brigada XVII y de la Policía de Urabá, quizás por haber servido eficazmente de apoyo y protección a esas estructuras paramilitares, mientras le miente al país y al mundo afirmando que ya no existen.

Nuestra Comunidad de Paz deja constancia nuevamente ante el país y el mundo de sus últimas acciones:

El miércoles 11 de enero de 2012, a cinco minutos del caserío de San José de Apartadó, a las 17:45 horas, fue ejecutado el campesino GUSTAVO GUZMÁN URREGO. Los tiros fueron escuchados claramente desde el asentamiento de San Josesito, sede principal de nuestra Comunidad de Paz, por lo cual miembros de la Comunidad verificaron rápidamente la información y se comunicaron con la Defensoría del Pueblo para solicitarle que diligenciara el levantamiento del cadáver. La Defensoría reportó el hecho a la fuerza pública y se le respondió que “no sabían nada de lo ocurrido”, a pesar de la intensa presencia militar y policial en el caserío. El cuerpo de Gustavo duró más de 20 horas en el lugar de su ejecución, como ha ocurrido en otros numerosos casos y como una muestra más de humillación a la víctima y de desconocimiento de su dignidad humana. La fuerza pública alegaba que no encontraban el cadáver, mientras éste yacía a la vista de todo el mundo.

Entre los días sábado 14 y miércoles 18 de enero de 2012, grupos de paramilitares con uniformes de camuflado y armas largas, provenientes de la base paramilitar de Nuevo Antioquia, que ha gozado de protección oficial durante más de 15 años, incursionaron nuevamente en las veredas La Esperanza (de nuestra Comunidad de Paz) y El Porvenir. En ambos sitios visitaron las casas de los campesinos y anunciaron que va a asesinar a más gente y que tienen que exterminar a la Comunidad de Paz, pues es para ellos, actualmente, el único estorbo que encuentran en la zona. Afirmaron, además, que sus acciones están siendo coordinadas con la fuerza pública a fin de patrullar conjuntamente las veredas y que los campesinos que se nieguen a trabajar con ellos como informantes tendrán que abandonar las zonas o asumir las consecuencias. Dijeron también que actualmente hay en el área unos 500 paramilitares pero que muy pronto serán más, pues se están reforzando.

El martes 17 de enero de 2012, a las 17:00 horas, cuatro personas fueron detenidas arbitraria e ilegalmente por la fuerza pública, en el caserío de San José de Apartadó, y acusadas sin fundamento alguno de haber participado en la ejecución de Gustavo Guzmán el 11 de enero. La Comunidad le solicitó a la Defensoría del Pueblo que verificara los motivos y la legalidad de dichas detenciones, pero la Defensoría no dio respuesta alguna. Después de algunas horas los detenidos fueron dejados en libertad, lo que evidencia aún más la arbitrariedad e ilegalidad de los procedimientos que se están utilizando contra el campesinado de la zona.

El viernes 20 de enero de 2012, otro grupo de paramilitares salió de la vereda Playa Larga, de la finca La Marina –propiedad de los paramilitares- aproximadamente a las 8:00 horas, y subió hasta la vereda La Esperanza ubicándose por un tiempo en los predios de la Comunidad de Paz. Allí profirieron nuevas amenazas contra la Comunidad, anunciando su exterminio, y luego continuaron su recorrido. Ese mismo día otro grupo paramilitar hizo presencia en la vereda El Porvenir.

Los hechos evidencian, una vez más, que nada ha cambiado. El Estado sigue amparando y reforzando el paramilitarismo, encubriendo las ejecuciones y pisoteando la libertad y los derechos fundamentales de las personas, sin que los organismos de control actúen en su defensa y la impunidad continúe afirmándose en forma rampante.

Continuamos, como siempre, defendiendo la vida y los derechos fundamentales de los integrantes de nuestra Comunidad de Paz y del campesinado de nuestro entorno, sabiendo que para ello contamos con el respaldo moral de numerosas personas, en el país y en muchos rincones del mundo, que aún conservan principios éticos y a los cuales agradecemos, una vez más, su solidaridad incondicional.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Enero 26 de 2012

http://cdpsanjose.org/?q=node/229

Fallece otro preso en una cárcel colombiana por denegación de asistencia médica: "La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC, tan lenta y dolorosamente"

2012-01-12T06:00:00.000-08:00

"La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC, tan lenta y dolorosamente"

Fallece otro preso en una cárcel colombiana por denegación de asistencia médica

APCrítico

Transcripción y contexto de APCrítico / VIDEOS de CNMC (Corporación Nuevos y Mejores Caminos) /Denuncia del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

A raíz del fallecimiento de otro preso por denegación de asistencia médica, denuncian que la desatención médica en la cárcel El Pesebre es total, a tal punto que los presos se preguntan "¿quién será el próximo en fallecer?". Los presos hacen un llamado a la solidaridad.

Contexto
Crímenes de estado contra la población carcelaria, y en específico contra los miles de presas y presos políticos

Las muertes y denuncias que se vienen sucediendo ponen de manifiesto la gravísima situación de homicidios a manos del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario) y demás autoridades por tortura y denegación de asistencia médica como otra forma de tortura contra los presos. Colombia tiene un triste 'record' en presos políticos: hay al menos 7.500 presos políticos, el 90% de ellos civiles encarcelados bajo montajes judiciales. El trabajo de los defensores de derechos humanos y abogados de presos políticos es dificilísimo, siendo estos víctimas de una encarnizada persecución estatal que ha conllevado desapariciones forzadas, asesinatos, y hasta encarcelamientos arbitrarios de defensores y abogados de presos políticos. Por ello los censos son muy difíciles, y la cifra (ya escandalosa) de 7.500 presos políticos se estima hoy estar subvalorada; de hecho el último informe sobre situación carcelaria señala que hay una cantidad cercana a los 9.500 presos políticos, esta cifra toma en consideración el aumento de encarcelamientos masivos en los últimos años: bajo el gobierno de Uribe y bajo el actual gobierno de JM Santos. La práctica represiva de los encarcelamientos arbitrarios, con montajes judiciales y como forma de acallar la reivindicación social y política, lejos de disminuir, ha recrudecido con Santos.

Los casos de presos torturados y asesinados por tortura de denegación de asistencia médica son sistemáticos , son numerosas las denuncias: la tortura y denegación de asistencia médica se ceban especialmente contra los presos políticos, pero afectan de manera general a toda la población carcelaria, y hay establecimientos penitenciarios que no disponen ni de un médico. El hacinamiento, los malos tratos, la comida descompuesta, las palizas, y las enfermedades no atendidas acaban con la vida de los presos comunes de clase social empobrecida, y con la de los presos políticos aislados de toda veeduría por el respeto a sus DDHH. Testimonia un interno ante los micrófonos de CNMC (3er video): " degradante que en Colombia se esté pensando en construir más cárceles como esta que son una tortura. Las cárceles en Colombia se están construyendo como por estratos sociales. Aquí en esta cárcel no hay nadie de peso, aquí no hay ningún para-político, porque yo le aseguro que si aquí en esta cárcel tuviéramos una persona de esas, aquí tendríamos agua las 24 horas del día, tendríamos sanidad las 24 horas del día y no nos faltarían medicamentos, y la comida sería excelente. (…) me siento impotente ante todo esto: que nosotros los estratos bajos tengamos que pagar a veces hasta con nuestras vidas; y todas esas personas de cuello blanco tras de que están atentando contra el país, el estado los protege y los pone en las mejores cárceles del país.
El gobierno de Santos prepara una nueva reforma judicial que va a endurecer las penas y agravar aún más la dramática situación de la población carcelaria en Colombia. En cuanto a los presos políticos las organizaciones sociales denuncian que hay prácticas de tortura y exterminio y lanzan la alarma a la comunidad nacional e internacional.

Es en este contexto que amanece el año 2012 con un nuevo caso de preso empujado a la muerte por el estado colombiano: por denegación de asistencia médica.

VIDEO, testimonios de presos: http://www.ustream.tv/recorded/19581129

· DENUNCIA de LA MUERTE DE UN INTERNO Y LAS GRAVES CONDICIONES EN MATERIA DE SALUD AL INTERIOR DE LA CARCEL DEL PESEBRE EN PTO. TRIUNFO. Denuncian crisis humanitaria y que la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo, conoce condiciones de hacinamiento, insalubridad y carencias sanitarias comparables a las de Valledupar: con cortes de agua hasta por 14 horas, comida infectada, insalubridad y ausencia de centro sanitario. Denuncian que la desatención médica es total, a tal punto que los presos se preguntan "¿quién será el próximo en fallecer?". Los presos hacen un llamado a la solidaridad.

Testimonio del interno Alexander Guzmán:
"La muerte de nuestro compañero fue por negligencia de las personas encargadas de custodiarnos. El empezó con un fuerte dolor de cabeza el 21 de diciembre, y no fue atendido de ninguna manera. Empezó a convulsionar en la madrugada y los internos gritamos e hicimos ruido y manifestamos nuestro llamado para que lo atendieran; el dragoneante encargado en ese momento, de apellido Hernández, se tomó bastante tiempo para acudir, lo vio en el estado que estaba y se tomó una hora más para hacer que las personas encargadas de sanidad (que son enfermeras) bajaran a atenderlo.
Al siguiente día, el jueves, lo bajaron al medio día, eso empeoró su estado: el no tenía lucidez. Cuando le señalaron el estado del interno al dragoneante Daza, este dijo que 'él está pepo', y no hizo nada. De tal forma que el interno siguió así varios días hasta el día de la visita el día 24 de diciembre. La mamá del interno lo vio tan mal que ella misma pidió a la guardia para que lo llevaran al sitio de sanidad. No se sabe que le dieron a él, porque no creemos que le hayan dado nada porque droga (medicinas) aquí no hay de ninguna clase; que lo haya atendido un médico sabemos que no, porque aquí no hay médico. Para ese día al compañero había ya que ayudarlo a vestir, porque era tal su estado que no podía hacerlo solo. Lo llevaron de nuevo al patio en una silla de ruedas. Para el día 25 de diciembre el ya no caminaba. A los internos de ese patio les tocó hacer desobediencia para que lo atendieran. Desde ese momento no se supo del compañero hasta que nos dimos cuenta que murió por un paro cardiaco a causa de una meningitis. Su muerte fue por negligencia de la administración de este establecimiento que conociendo el estado de salud del interno no hizo nada para que este interno fuera atendido de ninguna forma, y lo dejó morir. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿Quién de nosotros va a ser el siguiente?

Hacemos un llamado a todas las personas y entes de control para que por favor nos escuchen, que por favor nos crean: llevamos año y medio aquí, llevamos luchando para que esto cambie y no se ha podido. Llevamos año y medio sin médico, sin agua, estamos prácticamente tirados a la deriva.
Le hacemos un llamado al doctor Iván Cepeda Vargas para que por favor nos atienda, nos escuche, nos haga una visita para que él se de cuenta que lo que hablamos no es mentira.

La gobernación de Antioquia cerró el área de sanidad: es tal la inoperancia de este establecimiento que no hay funcionamiento sanitario y no hay ni un solo médico. Esperamos que este llamado haga eco. La pena de muerte no está aprobada para que nos la esté aplicando el INPEC tan lenta y dolorosamente; no solo a nosotros sino a nuestras familias. El interno que murió era bastante joven, y de verdad que no valía la pena que hubiera muerto por negligencia del estado."

Periodista: Lamentablemente tenemos que decir que el fallecimiento de personas privadas de la libertad es bastante preocupante, acabamos de ver cómo a mediados del mes de diciembre del 2011 perdió la vida en la cárcel de Bellavista el señor Luis Fernando Pavoni Hernández.

Interno Alexander Guzmán:
Desde el momento en que se inauguró esta cárcel, nos tocó sacar escombros de aquí. Ni siquiera había una enfermera; tuvieron que utilizar a una enfermera del hospital del pueblo para poder atendernos. Desde ese tiempo venimos denunciando los hechos: a la Defensoría del Pueblo, a la Procuradoría al mismo INPEC, hemos mandado documentos a la comisión de derechos humanos del senado, se ha pronunciado en dos ocasiones el Congreso de la República; pero se pronuncia de una manera que consiste en hacerle saber a otros entes de la situación; pero nunca se ha visto una respuesta concreta para nuestra situación. Hace unos 7 meses el señor Chaparro, defensor regional del Magdalena Medio, interpuso una tutela al tribunal superior de Antioquía, el cual falló el 20 de julio a favor de nosotros, una denuncia por todos los puntos que nos perjudican, pero principalmente por salud y agua. (...) Aquí todo lo que ha sucedido lo hemos denunciado; pero en realidad hemos sido muy poco escuchados, tal vez nada porque el cambio ha sido nulo, a tal punto que en esto momento el detonante de esta nueva denuncia es la muerte de un compañero. Lo cual en este momento nos lleva a esperar a cual de las personas que necesita un tratamiento médico o que necesita su medicina y no se la dan, vaya a sufrir la misma suerte que el compañero que murió. (...)
Es muy triste que nuestras familias estén perjudicadas por todo lo que sufrimos aquí, y nadie, nadie, absolutamente nadie se motive por esto que está sucediendo.
El llamado que hacemos es ese: necesitamos su colaboración, su intervención. Al doctor Iván Cepeda necesitamos su intervención: es una de las pocas personas escuchadas en el país en cuanto a temas carcelarios. Esta cárcel viene siendo un mini-Valledupar: con una falencias aún más graves.

Periodista: "¿Si las instituciones no han tomado atenta nota de las reiteradas denuncias que ustedes han hecho desde el año pasado, si hemos llegado al extremo de la pérdida de esta vida humana, cuál es la decisión que ustedes han evaluando tomar frente a esta terrible situación humanitaria que está acaeciendo hoy en el establecimiento el Pesebre?"

Nuestra opción es denunciar ante la opinión pública esta realidad que vivimos aquí. Denunciar todas las mentiras que dice el ministro de estos supuestos 'emporios carcelarios' que al parecer él los nombra como si fueran palacios. Y si en este establecimiento no se le va a dar solución a eso, no creo que los otros internos quieran esperar una próxima muerte. Desafortunadamente si nosotros tomamos las vías de hecho, como por ejemplo hacer una desobediencia civil, o una huelga; la guardia va a tomar represalias: nos van a querer gasear, golpear, porque ese es el sistema que utilizan para reprimirnos. Entonces sucede que como no hay sanidad, no hay tratamiento médico, serían muchas las vidas que se pondrían en riesgo. Entonces en este momento estamos tratando de que por favor nos escuchen de esta forma. Si no igualmente, lleguen las consecuencias que lleguen, nos tocará acudir a las vías de hecho para que seamos escuchados por el país, por los entes de control y por todas aquellas personas que puedan intervenir por nosotros.

· VIDEO 2: habla la madre del preso fallecido por denegación de asistencia médica: http://www.ustream.tv/recorded/19621727

"Con mi hijo sucedió que lo dejaron morir, no le prestaron atención médica.
Yo fui el 24 de diciembre y lo ví muy mal, y rogué para que los trasladaran. Pero no lo trasladaron, yo rogué para que lo atendieran el 24; pero el 25 fui y estaba tirado en una camilla solo, ardiendo en fiebre y orinado, y él ya no nos reconocía.
Para mi eso ha sido muy duro porque no lo atendieron.
No es justo que haya pasado eso. No quiero que esto pase con más reclusos, que los ayuden; porque no quiero que ninguna madre tenga que pasar lo que yo pasé con mi hijo. Ellos son culpables, son culpables. Estoy destrozada.
La doctora de Puerto Triunfo tampoco me lo quiso remitir al hospital, lo remitió fue ya a media noche ya cuando le dio la gana, después de yo rogarle y suplicarle durante horas que lo trasladara, y ella me decía que no. Ella me contestó que quién sabía más si la mamá, o ella que era doctora. Le contesté que no necesitaba ser doctora para ver que mi hijo se estaba muriendo, y que si él se muere ustedes tienen la culpa, remítalo al hospital."

· VIDEO 3: Desgarrador testimonio: centro de salud inexistente, no hay medicinas, no hay médicos, no hay tratamientos, los presos están siendo empujados a la muerte. Tras el fallecimiento de un preso por denegación de asistencia médica, los internos claman por una solución a la inexistencia de centro sanitario, a los problemas de alimentación (descompuesta) y de agua. Reclaman igualmente que no quede en la impunidad la saña con que le fue negada la asistencia médica y el traslado a un centro hospitalario al preso fallecido. Denuncian que los problemas siguen agravándose pese a las tutelas.
http://www.ustream.tv/recorded/19552232

"Es algo muy grave y muy degradante que en Colombia se esté pensando en construir más cárceles como esta que son una tortura. Las cárceles en Colombia se están construyendo como por estratos sociales. Señor Contreras, aquí en esta cárcel no hay nadie de peso, aquí no hay ningún para-político, ni hay un desmovilizado de peso, porque yo le aseguro que si aquí en esta cárcel tuviéramos una persona de esas, aquí tendríamos agua las 24 horas del día, tendríamos sanidad las 24 horas del día y no nos faltarían medicamentos, y la comida sería excelente. Si me estoy exaltando me disculpan pero es que me da rabia, me siento impotente ante todo esto: que nosotros los estratos bajos tengamos que pagar a veces hasta con nuestras vidas, y todas esas personas de cuello blanco tras de que están atentando contra el país, el estado los protege y los pone en las mejores cárceles del país. Y las personas de escasos recursos estamos en estas cárceles que son una tortura y que son violatorias del Derecho Internacional Humanitario. No se cumple en nada el DIH. Aquí no ha venido nadie, nadie. Nos tratan como la escoria. Y así dicen que si resocializarnos y todo eso.

Son antros de muerte. La pena de muerte el INPEC la está ejecutando con nosotros, porque está dejando que los reclusos se mueran en las cárceles lentamente por la falta de atención médica y por la falta de cuidar nuestros derechos.
Al doctor Iván Cepeda y la comisión de derechos humanos del senado que nos hagan una visita, con la misma comisión que fue a la cárcel de Valledupar. Al INPEC yo no sé quién lo investiga pero es que tantas anomalías son muy raras. Hay infinidad de denuncias, de tutelas por violación a nuestros derechos: ¿Qué está construyendo en estado?

Periodista Contreras:
Los hombres y mujeres privados de la libertad en los establecimientos penitenciarios se están muriendo ante los ojos de sus familiares y de los empleados públicos, y el estado colombiano no toma cartas trascendentales que permitan corregir estos hechos. El año pasado fallecieron varios internos en el mes de diciembre, en la cárcel de Bellavista, y tan solo en la cárcel de Bellavista en el año 2011 fueron 14 hombres los que perdieron la vida. Han denunciado que estas muertes obedecen a la falta de atención médica; hoy registramos el fallecimiento de otro interno de la cárcel El Pesebre, también por falta de atención médica.

Anexo:

· Muere preso en cárcel de Puerto Triunfo por negligencia del INPEC
Por Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (en adelante CSPP), Organismo No Gubernamental de Derechos Humanos, dentro de sus labores de Promoción, Formación y Denuncia de los Derechos Humanos, en especial con las personas detenidas por motivos políticos, con la población desplazada, con comunidades en riesgo y organizaciones sociales, mediante la presente, se permite hacer de conocimiento público la siguiente Denuncia, por la ocurrencia de hechos violatorios de los Derechos Humanos en contra de los Hombres privados de la libertad en el CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO por parte de miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que incluso podrían tener consecuencias fatales en contra de uno de las personas recluidas en el patio 4 de ese Establecimiento (el preso lamentablemente falleció por denegación de asistencia médica).
Se fundamenta la presente en los siguientes,
ANTECEDENTES
1. El día 29 de diciembre del año 2011, una comisión aparentemente gubernamental, según información informal recogida por los Presos Políticos y Sociales del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO, conformada por la DIRECCIÓN DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y LA DIRECCIÓN SECCIONAL Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA, visitó las instalaciones del mismo centro penitenciario.
2. Tal visita, según información informal recibidos por los presos del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO, cumplía con una misión de interventoría en las instalaciones del mismo establecimiento, en lo referente al cumplimiento del derecho a la salud de las personas allí recluidas.
3. Según la información recibida por los Presos Políticos y Sociales de los patios 6 y 7 del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO, y transmitida por estos al CSPP, la interventoría realizada dictaminó condiciones insalubres y que rompen con los cánones mínimos del derecho a la salud de los detenidos, en las instalaciones del Centro de Sanidad y en la zona de preparación de comidas –“rancho”– del mismo establecimiento penitenciario.
4. Sin embargo, comunican los Presos Políticos y Sociales del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO que desde el día 30 de diciembre, las medidas tomadas por las autoridades administrativas de ese centro penitenciario, paradójicamente consisten en el cierre temporal del Centro de Sanidad, lo que atenta aún más contra el derecho a la salud de las personas allí recluidas.
5. Además los detenidos informan al CSPP que toda esta situación se ve agravada por el suministro mediocre del agua en el CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO, suministrado en 3, a veces 4 tandas, de máximo 2 horas cada una en el transcurso del día, teniendo que carecer los presos a veces de hasta 14 horas sin el preciado líquido, que no cumple además con condiciones para consumo humano.
Con fundamento en lo anterior, se han presentado los siguientes;
HECHOS
1. Informan los Presos del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO que al interior del mismo se rumora la muerte de un preso recluido en el patio 4 de ese establecimiento, a causa de una meningitis, ante la ausencia de atención médica por la situación antes descrita al interior del Centro Penitenciario, a pesar de la exigencia hecha por sus compañeros de reclusión a la guardia del INPEC, que solo reaccionó ante la gravedad sintomática del detenido, trasladándolo a la clínica LEÓN XIII DE MEDELLÍN cuando ya era tarde.
Luego de los antecedentes e información disponible, como CSPP nos permitimos solicitar a las Autoridades estatales pertinentes:
1. Que se intervenga desde el Ministerio Público para que las autoridades administrativas del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO preste a plenitud el servicio de atención en salud a las personas allí recluidas sin ningún tipo de restricción.
2. Que tal intervención también indague sobre la veracidad de la muerte de un detenido al interior del Patio 4, en las instalaciones de la CLÍNICA LEÓN XIII de Medellín, así como sus causas reales.
3. Que se inicie un proceso disciplinario en contra de los miembros del INPEC, que pudieran ser responsable de los hechos narrados, que llevaron a la muerte de la persona recluida en el patio 4 del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO.
4. Que se intervenga desde el Ministerio Público con el propósito de conocer las finalidades de la interventoría realizada el 29 de diciembre de 2011 en el CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO.
5. Que se den a conocer los resultados de tal interventoría, así como las medidas a tomar por parte de las autoridades administrativas del CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO para superar las fallas encontradas.
http://www.movicespana.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1309&Itemid=29 http://www.movicespana.org/ index.php?option=com_content&task=view&id=1309&Itemid=29
http://carloslozanoguillen.blogspot.com/2012/01/muere-preso-en-carcel-de-puerto-triunfo.html http://carloslozanoguillen. blogspot.com/2012/01/muere-preso-en-carcel-de-puerto-triunfo.html
http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=613:fcspp&catid=32:acciones-urgentes&Itemid=68 http://www. comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=613:fcspp&catid=32:acciones-urgentes&Itemid=68
VIDEO: http://www.ustream.tv/recorded/19581129 http://www.ustream.tv/ recorded/19581129
DENUNCIA LA MUERTE DE UN INTERNO Y LAS GRAVES CONDICIONES EN MATERIA DE SALUD AL INTERIOR DE LA CARCEL DEL PESEBRE EN PTO. TRIUNFO

El paro armado de los Urabeños: ¿Cría cuervos y te sacarán los ojos?

2012-01-09T07:24:00.000-08:00

El paro armado de los Urabeños: ¿Cría cuervos y te sacarán los ojos?

por José Antonio Gutiérrez D.

“Todos los senadores, representantes o políticos que han resultado mencionados han dicho que son enemigos nuestros y que nos han combatido. Y a todos se les ha comprobado que sí tenían vínculos con las autodefensas. Nosotros estamos como la novia fea, en la noche nos acariciaban y en el día no nos voltiaban a mirar”

(Declaraciones del jefe paramilitar José Ever Velosa, alias HH)[1]

Aunque el paro armado paramilitar que sacudió a Colombia desde el 5 de Enero (decretado en venganza por la muerte del paramilitar alias “Giovanni” durante un reciente operativo militar), ha dado bastante que hablar en los medios, la falta de análisis y la ausencia de memoria para abordar el tema es sorprendente. Salvo honrosas excepciones, sigue entendiéndose al paramilitarismo colombiano y sus múltiples caras (Urabeños, Rastrojos, Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, Paisas, ERPAC, etc.) según el modelo de las bandas criminales (Bacrim), como si en el fondo tuvieran poco o nada que ver con el monstruo paramilitar alimentado por el Estado colombiano -y la oligarquía que lo capitanea- durante las últimas décadas. Desde luego se menciona que muchos de ellos hicieron escuela en las Autodefensas Unidas de Colombia, pero no se hace la relación de continuidad entre ambos fenómenos. Como en una columna lo expresa Sergio Otálora M., los paramilitares son “ahora convertidos en bandas criminales por la alquimia de la impunidad y de la negación cómplice” de las autoridades[2].

Por su parte, el presidente Santos también aprovecha la ocasión para reforzar el discurso de la “mano negra”, salida de ninguna parte… como si el desarrollo del paramilitarismo (el de ayer y el de hoy) no tuviera nada que ver con el Estado. Se refuerza así la visión del Estado como institución supuestamente neutral en el conflicto social y armado –o en palabras de sus maestros uribistas, Colombia como una “democracia asediada por violentos”- fórmula favorita del bloque dominante para desnaturalizar el contenido de este conflicto. Dice Santos, iracundo, que“los Urabeños’ están notificados: aquí vamos tras ellos, no solamente en el Magdalena, donde operen, en Córdoba, en Urabá, en Antioquia, donde estén vamos a ir”[3]. Agrega, posando de ecuánime en su supuesta lucha contra los “violentos”, que "los intentos de las bandas por frenar la acción de las autoridades no detendrán la lucha sin cuartel contra estos grupos"[4]. Nos preguntamos cuáles son esas acciones, pues aparte de la caída del líder del ERPAC, alias “Cuchillo” (por lo demás, en circunstancias curiosas que no se han aclarado del todo[5]), la captura de “Don Mario” y ahora la muerte de alias “Giovanni”, en varios años no ha habido más resultados. Y eso que desde al menos el 2008 las acciones del paramilitarismo son superiores en número a las de la insurgencia. Sin embargo, los operativos militares contra el paramilitarismo se pueden contar, literalmente, con media mano.

La realidad es que al paramilitarismo se le ha permitido crecer con el beneplácito de la fuerza pública y a las autoridades jamás les molestó cuando panfletos, en lugar de ordenar el cese de actividades comerciales o del transporte, amenazaban a sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios o reclamantes de tierras. Tampoco molestó a las autoridades, ni movilizó una “lucha sin cuartel” la estrategia de la limpieza social que se cobra varias vidas todos los días en los barrios populares de las principales ciudades colombianas, la cual venimos denunciando de hace años. Es más, el paramilitarismo después de la supuesta desmovilización de las AUC no solamente ha sido tolerado por el Estado, sino que la fuerza pública ha colaborado abiertamente con él y lo ha apoyado. Un informe de mediados del 2011 de la Corporación Nuevo Arco Iris dice que “la corrupción de miembros de la Fuerza Pública hace que la población desconfié de la institucionalidad. En los Llanos Orientales, por ejemplo, con el Plan Consolidación lo que se observa es que a medida que la Fuerza Pública desplaza a las FARC, los hombres del ERPAC van tomando este tipo de posiciones, en Córdoba algunos miembros de las Fuerzas Militares parecen uno sólo con ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’”[6].

¿Ha cambiado algo para que ahora las cosas sean diferentes? ¿Acaso el paramilitarismo ha dejado de ser un aliado del Estado para convertirse en su enemigo? El paro armado paramilitar plantea varias interrogantes. Pero también entrega muchas luces sobre la manera en que funciona el Estado paramilitar, y la manera en que se manejan sus innegables vínculos con la mafia.

(Neo)Paramilitarismo y Estado (paramilitar)

El paro tuvo éxito en regiones como Córdoba, Sucre, Cesar, Chocó, Urabá Antioqueño, Magdalena, Sur de Bolívar[7], donde el paramilitarismo se ha venido fortaleciendo durante las últimas tres décadas por las fuerzas combinadas de los ganaderos, los capos del narcotráfico, los barones de la minería, los caciques políticos aliados al gobierno y los palmicultores[8]. Estas son las zonas duras de influencia paramilitar y donde se ensayó esa combinación político-paramilitar que luego se denominará uribismo, que nació con las Convivir y que culminó con el Pacto de Ralito.[9]

Los medios se sorprenden que el paro haya tenido tanto éxito así como del poder de intimidación de los paramilitares. Pero la población en la Costa sabe a qué atenerse cuando los paramilitares amenazan; ese poder de intimidación lo han practicado durante tres décadas con la complicidad del Estado que los ha premiado por sus buenos oficios con tolerancia ante sus actividades criminales, con sentencias irrisorias, con beneficios de toda clase y permitiéndoles pelearse las jugosas rutas del narcotráfico y ahora también las ollas de economía mafiosa en los cascos urbanos[10].

Por eso no deja de sorprender el cinismo del presidente Santos, quien conoce muy bien la historia del terror paramilitar, cuando llama a que la comunidad desafíe el paro armado: “Mi llamado es a que todo el mundo se ponga la camiseta. Necesitamos que la comunidad se enfrente con la misma entereza como lo hace la Fuerza Pública a estas bandas criminales. Sólo unos pocos, nunca han podido triunfar. Por eso no se dejen intimidar”[11]. Estas palabras son cínicas pues Santos sabe que los paramilitares no son pocos (se calcula, oficialmente, al menos 10.000 hombres en armas), que la Fuerza Pública no se enfrenta con ellos (todo lo contrario) y que la comunidad no se va a enfrentar al paramilitarismo porque él lo ordene. Las comunidades de esas regiones de Colombia sienten pánico ante la tenaza paramilitar y desconfían de la “protección” de las autoridades. Y con razón, dada la larga tradición de vínculos Estado-paramilitarismo.

Es más, el mismo patrón de connivencia de la fuerza pública con los paramilitares, en que la fuerza pública se retira de localidades para dejar al paramilitarismo actuar (como en Mapiripán, El Salado, etc.) ha sido denunciado por la Federación Agrominera del Sur de Bolívar en un comunicado que sacaron a raíz del paro armado: “en el casco urbano del municipio de Rioviejo y en el corregimiento Cobadillo de ese mismo municipio, se ha visto una gran movilización de paramilitares, entre ellos uno de los comandantes conocido como JJ. Los pobladores han informado las identidades de varios de los paramilitares que están haciendo presencia en estos sitios y la ubicación exacta de las casas donde se albergan. Esta información es conocida por los pobladores del municipio, sin embargo ni la policía ni el ejército ha hecho nada para capturar estas personas. Es más, informan que de algunos de los sectores donde se han visto a los paramilitares se está retirando el ejército”[12].

Qué contradicción entre esta cruda realidad y las falaces afirmaciones del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón: "Los colombianos no se deben dejar amedrentar, tienen a su Fuerza Pública que los protege. La Policía y las Fuerzas Militares han fortalecido su presencia en todos los cascos urbanos donde esto se ha presentado"[13].

Dice Sergio Otálora Montenegro en su columna de El Espectador que “se equivoca el ministro Pinzón al afirmar que esos escuadrones de pistoleros no tienen ‘relación alguna con fuerzas del Estado’, porque es todo lo contrario, como es ya tradición: hay agentes del Estado cómplices de esas bandas; Human Rights Watch, en su informe de 2010 sobre “los herederos” de los paramilitares, publicó testimonios de fiscales especializados en perseguir a esas bandas (en Urabá) en los que señalan que ‘hay relaciones (entre los criminales) y la fuerza pública, fiscales, policía y DAS. Se mueven (los delincuentes) como pez en el agua’.” [14]

Todo lo cual es muy cierto. Pero la relación va más allá de “relaciones” puntuales o casuales. Como lo dijo el paramilitar alias HH:

“Yo andaba como Pedro por su casa. Entraba a la brigada, al cuartel de la Policía, y hacía lo que quería. Yo hablaba de muchas personas de la Fuerza Pública porque yo lo he dicho siempre: nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger esas comunidades y nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla (…) En Urabá cuando empezamos, todos los cuerpos se dejaban donde se mataba a la gente. Después de un tiempo la FP [ie., Fuerza Pública] comienza a presionar: que nos dejan seguir trabajando, pero que desaparezcamos las personas. Ahí es donde se empiezan a implementar las fosas comunes (…) Toda la Fuerza Pública tenía relación con nosotros. Yo andaba libremente en una Hilux blanca, que llamaban ‘camino al cielo’, y asesinábamos personas todos los días, en todos los municipios del Urabá. Yo andaba enfusilado, con mis escoltas enfusilados, y no me capturaban. La única que denunciaba era la doctora Gloria Cuartas. ¿Pero por qué no nos capturaban? Porque todos nos apoyaban.”[15]

El paramilitarismo ha sido una estrategia de control social y territorial del Estado, así como un mecanismo de despojo violento del campesinado al servicio de terratenientes y multinacionales. También ha sido un mecanismo para mantener salarios bajos y una masa laboral desorganizada en condiciones de lo más precarias imaginables. Y un mecanismo para deshacerse de la oposición política. Dice el paramilitar HH al respecto del terror como mecanismo de control social que: “Matar gente se vuelve un vicio, como meter perico o fumar marihuana (…) Cuando llegamos a Urabá decapitamos mucha gente. Se generó como estrategia para promover terror.”[16]

El paramilitarismo, en resumidas cuentas, es una herramienta del Estado, fundamental en el proyecto político ultraderechista y conservador que se ha venido imponiendo en las últimas décadas. Si no fuera por el paramilitarismo, estoy completamente seguro que ni Uribe ni Santos habrían sido presidentes.

La autonomía relativa del paramilitarismo como aparato represivo del Estado

El vínculo Estado-paramilitarismo es evidente, pero tampoco debe verse de una manera excesivamente simplista, como si el paramilitarismo fuera un mero alfil, sin intereses propios, al servicio del bloque dominante. Si el Estado los ha armado, tolerado y auxiliado, es porque son funcionales a su estrategia política y su dominio. Pero el paramilitarismo, por su propia naturaleza, goza de unarelativa autonomía. Por ponerlo en términos muy sencillos: el paramilitarismo asesina, viola, tortura, desaparece a personas que, por diversas razones, son molestas para el establecimiento. Mantienen el control social mediante el terror. Pero a cambio exige ciertas prebendas. Los paramilitares han gozado de un grado de impunidad enorme gracias al cual han amasado inimaginables fortunas por narcotráfico y aportes económicos de la oligarquía, conseguido (a las buenas o a las malas) las mujeres que han querido, y han sido efectivamente la ley en muchas regiones. Donde ciertos observadores han equiparado de manera simplista el control paramilitar con la “ausencia del Estado”, es necesario aclarar que el paramilitarismo ha sido la expresión más extendida así como perversa del Estado, con poderes plenipotenciarios y dictatoriales.

En este sentido es inexacto decir que los paramilitares son meras bandas criminales, pues juegan un claro rol político. Pero eso no significa que sus testaferros sean “criminales políticos” como los presentaron durante la supuesta “desmovilización”. Son delincuentes comunes, mercenarios, al servicio de las grandes fortunas, cuyas motivaciones nunca han sido ideológicas, de cambiar o servir al país (como alguna vez quiso hacernos creer el ex presidente Uribe, quien los describía como “buenos muchachos” de “profunda” convicción contrainsurgente), sino de enriquecerse.

Son instrumentales a la derechización del país, pero no son un factor políticamente activo. El carácter criminal nato del perfil del paramilitar promedio es fundamental para comprender el grado de barbarie al que llegaron. En realidad, ¿qué clase de personas son capaces de violar a menores de edad, descuartizar personas con motosierra, jugar fútbol con cabezas humanas, asesinar todos los días, todo el día, mutilar y torturar? Estos elementos hacen que, pese a lo necesaria que puedan ser estas fuerzas en un momento dado para el bloque dominante, no sean fuerzas fiables ni disciplinadas, lo que significa que en determinados momentos puedan entrar en contradicciones secundarias (jamás antagónicas) con el régimen. Por esta razón, a diferencia de algunos izquierdistas que han entendido la relación Estado-paramilitarismo de manera bastante mecanicista, no me causó ninguna sorpresa ni el paro armado ni las bravatas de los paramilitares.

Este ejército de choque compuesto por “hampones, delincuentes comunes, oportunistas aventureros y sectores paupérrimos que en su desesperación por la supervivencia bien conocen el refrán de Víctor Hugo ‘tener hambre y sed es el punto de partida; convertirse en Satanás es el punto de llegada’” no es una originalidad del caso colombiano. También se ha visto e los escuadrones de la muerte centroamericanos, y en las experiencias clásicas del fascismo italiano y del nazismo alemán –proceso de fascistización que tiene importantes paralelos con el caso colombiano[17]. Por eso el régimen trata de depender de ellos lo estrictamente necesario, esperando que sea una medida transitoria mientras se soluciona la crisis de hegemonía del bloque dominante. El Estado y el bloque dominante son concientes de que han creado y alimentado un monstruo que se les puede salir de las manos…

Por ello, el Estado y el bloque dominante intentan también generar mecanismos de “control” de estas fuerzas de choque paramilitar. En el caso del fascismo clásico europeo, se implementó “una serie de concesiones espurias, demagogia violenta y purgas internas crónicas como manera de controlar a los ‘plebeyos’ que no se mantienen a raya o que acumulan demasiado poder”[18]. Las purgas internas fueron tan cruentas en la Alemania Nazi que incluso Hitler propició la “Noche de los Cuchillos Largos” para depurar a sus propias bandas de líderes y cuadros difíciles de controlar. En Colombia también, al parecer, venimos presenciando desde hace un par de años una situación de purgas crónicas[19] dentro del propio aparato paramilitar que tantos servicios ha dado a una oligarquía que, en último término, le sigue alimentando.

“Desmovilización paramilitar” y surgimiento de las Bacrim

El paro armado nos obliga a un replanteamiento del significado real que tuvo la supuesta “desmovilización” paramilitar y la Ley de Justicia y Paz. Con este paro armado todo el mundo se ve forzado a reconocer lo que la izquierda ha dicho desde hace casi siete años: que la desmovilización no fue tal y que lo que se buscó fue, en gran medida, la impunidad y la “normalización” de la obra del paramilitarismo (expropiación, control, consolidación de cacicazgos políticos). Si eventualmente se lograron ciertas condenas, lo que terminó por salpicar a las redes de poder político-económico detrás del paramilitarismo, no fue por la ley original, sino por la labor de la Corte Suprema que logró la manera de modificar ciertos aspectos de ésta y utilizar resquicios para impulsar un poco de justicia. La labor incansable de organizaciones de víctimas como el MOVICE (entre muchas) también fue crucial para las eventuales condenas. Pero ese no era el espíritu original de la Ley de Justicia y Paz. Cuando a HH le preguntaron si acaso había entregado el fusil porque había muchos congresistas aliados de los paramilitares y sabía que éstos harían una ley para favorecerlos, su respuesta es concisa: “Lógico”[20].

Hay gran parte de verdad en las afirmaciones de Sergio Otálora Montenegro (uno de los pocos columnistas que se han atrevido a tocar este tema en la prensa colombiana) cuando dice que “con la intrépida acción de los neoparamilitares en estos primeros días de enero, queda más claro que nunca que la desmovilización de las AUC, durante el gobierno de Uribe, fue una calculada operación de impunidad, cuando no una pantomima, porque, como se ha dicho miles de veces, no se desmantelaron, al mismo tiempo, sus estructuras militares, sus redes criminales y sus fuentes de financiación.”[21]

Pero aún cuando en cierta medida es correcto afirmar que el objetivo primordial de este Ley fue la impunidad[22], se corre el riesgo de ignorar otros intereses que también parecen haber estado en juego por parte de la oligarquía cuando invitaron a las AUC a acogerse a la Ley de Justicia y Paz. El propio HH arroja luces sobre esto en la citada entrevista, cuando se le menciona que “Hubo muchos reparos al proceso de paz con las AUC. Porque la paz se hace con los enemigos (…) y de alguna manera las autodefensas eran amigas del Estado”. A lo que responde: “Si esa hubiera sido una negociación de yo con yo, estaríamos todos en la calle. Pero estamos presos, unos extraditados. No fue una negociación de yo con yo. Fue una negociación donde el Gobierno buscó lo que quería y lo logró. Y nosotros perdimos”[23].

Pero, ¿Qué era lo que el gobierno quería? Más allá de la impunidad, parece claro que un sector del establecimiento colombiano estaba inquieto con el nivel de poder, privilegio y riquezas acumulado por los caciques paramilitares en grandes extensiones del territorio colombiano. La oligarquía no estaba dispuesta a que, en el curso de la guerra sucia para poder mantener su hegemonía, surgiera un factor eventualmente desestabilizador o que pudiera entrar a competir con ella. La supuesta desmovilización logró un objetivo fundamental entonces que fue descentralizar al paramilitarismo, desconcentrar sus fuerzas.

Esta fragmentación del mando unificado ha impedido que surjan caciques paramilitares de la envergadura de un Mancuso, Jorge 40 o como un Castaño, aún cuando las estructuras de poder local se mantengan intactas, y como lo demuestra el para armado, tengan una capacidad de coordinación importante en vastas regiones. Bien dice Otálora Montenegro que “Esta nueva cepa de escuadrones de asesinos, más atomizada, sin un mando central, sin ‘ideólogos’ a la vista, aún más sanguinaria que la anterior y dispuesta a todo, empieza a salirse de madre, ante la impotencia de un Estado que no puede o no quiere cortar de raíz esa espesa red de complicidades tejida a lo largo de tantos años.”[24] Esto último es muy importante de considerar porque esta nueva versión del paramilitarismo ha producido un aumento de la violencia por las peleas de los capos locales por disputarse la hegemonía en una determinada región, o por pelearse el acceso a las ollas de economía mafiosa en las ciudades.

Pero también el proceso de fragmentación del aparato paramilitar, que fue coincidente con un enorme aumento del pie de fuerza del Ejército, buscaba ir superando la dislocación que la estrategia paramilitar produjo en el seno del Estado. Durante el proceso de paramilitarización del país desde fines de los ’80, “el Estado, pese a las apariencias, no se desintegra, sencillamente se disloca al desplazarse el poder real de la clase dominante a instancias ajenas a los mecanismos de poder formal, es decir, de los mecanismos tradicionales del Estado como institución”[25]. Este proceso de volver a que, en el ejercicio de la fuerza, el poder real vuelva a coincidir con el poder formal, es lo que se ha entendido de manera superficial en el último tiempo como “recuperar el monopolio de la fuerza por parte del Estado”. Sin embargo, no hay que dejarse confundir por las apariencias: como dice el sociólogo Nicos Poulantzas al analizar este fenómeno de “dislocación” de los mecanismos de poder reales y formales en las experiencias del fascismo clásico europeo "Es cierto que el aparato represivo del Estado parece perder, durante el proceso de fascistización, su monopolio del ejercicio de la fuerza y de la violencia legítima [ie., sancionada por la ley], en provecho de milicias privadas. Sin embargo, por una parte, esto se hace en provecho únicamente de organizaciones armadas del bloque en el poder; por otra parte, no hay que perder de vista las connivencias y las relaciones entre el aparato de Estado y esas milicias, ya que es el Estado el que las arma."[26] La relevancia de este análisis para comprender la realidad del paramilitarismo en Colombia es auto evidente.

Por otra parte, el paramilitarismo no deja de presentar ciertos inconvenientes para el bloque en el poder, aún cuando les sirvan, precisamente por el propio carácter de las fuerzas que lo componen. En palabras de Alfredo Molano:

“Con el tiempo, los colaboradores [ie., del paramilitarismo]se fueron cansando o quebrando. Coincide este momento con la desmovilización: es más barato, dijeron, pagar los impuestos que las cuotas [ie., cansancio coincidente con la urgencia en superar la dislocación de poderes y recuperar cierta apariencia de “normalidad”]. Pero ya era tarde. Los combos desmovilizados, cada uno por su lado, continuaron cobrando aportes, respaldados por las muchas armas que nunca entregaron y por la fama que cada paraco tenía en la zona. Ya no necesitaban uniformes, ni brazaletes ni armas largas. Más aún, en muchas partes, los colaboradores tenían —y tienen— que pagar a varios combos al tiempo, porque no hay unidad de mando. En cada región mandan al tiempo Urabeños, Paisas, Rastrojos, y todos reciben (…) Con seguridad, en muchas zonas rurales se paga más en extorsión que en impuesto predial.”[27]

En este proceso de control de los elementos díscolos del paramilitarismo por parte de la misma oligarquía que los alimenta, de control al poder que acumulan en ciertas localidades, de conflicto interno por la hegemonía entre los propios paras, y de conflicto de intereses con elementos de la oligarquía (cuotas, control de actividades económicas lícitas o ilícitas, etc.), es que yacen las causas de las tensiones y roces que están surgiendo entre el aparato paramilitar y el Estado, así como los problemas puntuales que pueda haber habido con un “Cuchillo”, con un “Don Mario” o con un “Giovanni”.

Pelea familiar, no contradicciones de fondo

Es muy improbable que estos roces terminen en un enfrentamiento abierto entre el Estado y el paramilitarismo. Aunque algún elemento díscolo pueda decidirse a entrar a la confrontación por algún interés particular, como en una clásica pelea de mafias, el paramilitarismo jamás se enfrentará de lleno al Estado porque esto no cabe ni dentro de su lógica ni de la motivación de quienes se meten a gatillar buscando dinero y prestigio fácil. Acá no va a haber, como dicen de manera sensacionalista y sin ninguna base ciertos medios, un “Plan Pistola” del paramilitarismo contra la Fuerza Pública[28], la cual, dicho sea de paso, no fue tocada durante varios días de paro armado.

Desde el punto de vista del Estado, como la crisis de hegemonía y legitimidad subsiste, la duplicidad de los mecanismos de represión para-estatales sigue siendo una realidad, aún cuando ahora se busque el predominio del aparato de fuerza pública por sobre el privado. ¿Cómo podría pretender Santos implementar su plan de desarrollo nacional, cono todo lo que implica (desplazamientos masivos para apropiarse de territorio para la implementación de la locomotora minero-extractiva y la agroindustria) sin apoyo de la herramienta paramilitar?

Es por ello, que la solución para el problema de la seguridad de las comunidades no pasa por “más presencia del Estado”. El problema pasa por el desmonte del Estado paramilitar, por la desmilitarización de los territorios, porfortalecer el tejido social, desde abajo, desde la solidaridad de los pueblos. Ese es el único freno efectivo que puede haber al paramilitarismo, no hacerse falsas ilusiones en una institucionalidad política cómplice del mismo paramilitarismo que hoy verbalmente (y con algunos gestos simbólicos[29]) ataca.

José Antonio Gutiérrez D.

8 de Enero, 2012

NOTAS

[1] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-hh-se-confiesa

[2] http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-319814-se-desboca-de-nuevo-bestia

[3] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-319792-vamos-tras-los-urabenos-presidente-santos

[4] http://www.semana.com/nacion/bandas-gran-desafio/170022-3.aspx

[5] Primero se dijo que fue un bombardeo, luego se dijo que se ahogó mientras escapaba. Es probable que, acostumbradas como están las autoridades colombianas a la mentira y los montajes judiciales (como lo demostró el caso de la falsa desmovilización del “bloque” Cacica la Gaitana y otras falsas desmovilizaciones de Rastrojos) hayan utilizado la muerte por un accidente de Cuchillo para reclamarla como parte de una inexistente acción de la fuerza pública. El ERPAC ha sido tolerado y apoyado por la fuerza pública en los llanos. De haber caído Cuchillo en un operativo militar, sorprende la falta de reacción del paramilitarismo, más aún cuando ahora vemos que capacidad sí tienen.

[6] “La Nueva Realidad de las FARC”, p.16

[7] Esta no es una lista exhaustiva y es probable que otras regiones y departamentos también se hayan visto afectados. En los medios oficiales, por ejemplo, no se habló del Sur de Bolívar pese a que tenemos constancia que hubo paro armado y actividades de “limpieza social” que dejaron un número indeterminado de muertos. Estamos convencidos que en los próximos días llegarán noticias de Sucre, de Bolívar, de Atlántico, Norte Santander, que con toda seguridad también han visto al menos zonas afectadas.

[8] Esto para no mencionar el rol que tuvieron los desmovilizados del EPL a comienzos de los ’90, quienes pusieron a disposición de las autoridades sus “buenos oficios” en la lucha contrainsurgente. Estrategia nada nueva: el Estado desde siempre se ha apoyado en los arrepentidos y en los desmovilizados para la lucha contrainsurgente, cosa que han hecho desde la época de los “limpios” (ex guerrilleros liberales que combatieron a los que no se desmovilizaron en 1953, especialmente a los comunistas).

[9] Por eso no deja de ser sorprendente que Uribe en uno de sus frecuentes descalabros, apareciera por Tiwtter (cómo no) trinando-chillando que "se necesitan operaciones contundentes contra bandas criminales, por ejemplo bombardeos, sin la excusa de que no son parte del conflicto" (http://www.semana.com/nacion/bandas-gran-desafio/170022-3.aspx) Como dijo alguna vez demostrando su mentalidad mafiosa “Elíminelos y por mi cuenta”. Se le olvidó, al parecer, todo el cuento de los “buenos muchachos” y que en Colombia no hay “conflicto” sino que “amenaza terrorista”. O sea, la tan mentada “Seguridad Democrática” era puro cuento.

[10] Con una importante dósis de sorna dice el periodista de Santa Marta, Alejandro Arias: “No miente el General José David Guzmán, Comandante de la regional 6 de la Policía, cuando a Semana.com señaló que los Urabeños tienen capacidad de intimidación. En Santa Marta los criminales son más creíbles que las autoridades. Han sido más efectivas. Para muestra están los dos muertos diarios que en el último año han cobrado a la sociedad y segundo porque aún hoy siguen negando la existencia de los Urabeños en Santa Marta y sin embargo cerraron la misma” http://www.tusemanario.com/noticia/santa-marta-estados-alterados_1933

[11] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-319792-vamos-tras-los-urabenos-presidente-santos

[12] http://fedeagromisbol.blogspot.com/2012/01/accion-urgente-en-riesgo-pobladores-del.html

[13] http://www.eltiempo.com/justicia/panfletos-amenazantes-de-los-urabenos_10936249-4

[14] http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-319814-se-desboca-de-nuevo-bestia

[15] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-hh-se-confiesa

[16] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-hh-se-confiesa

[17] Estos paralelos los hemos analizado en un artículo previo, “Apuntes sobre Colombia y los fascismos clásicos europeos”http://www.anarkismo.net/article/17240

[18] http://www.anarkismo.net/article/17240

[19] En este artículo analizaré solamente las purgas crónicas, pero los otros mecanismos de control implementados por el fascismo clásico, también están presentes en el caso colombiano. Las “concesiones” han sido de sobra satisfechas con el control de la economía mafiosa (concesiones nada de espurias y sí bastante sustanciales), y la demagogia violenta encontró su apogeo con el doble mandato ilegal del presidente Álvaro Uribe Vélez.

[20] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-hh-se-confiesa

[21] http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-319814-se-desboca-de-nuevo-bestia

[22] Impunidad que no le interesaba al bloque en el poder por algún sentido de “compasión” hacia los desgraciados que los sirvieron con las armas y las motosierras aceitadas, sino que para evitar confesiones que los complicaran, como eventualmente ocurrió. En cualquier caso, el escenario de confesiones sobre los intereses que defendió a sangre y fuego el paramilitarismo, se terminó abruptamente con la extradición de los líderes paramilitares que hablaron más de la cuenta a EEUU, donde cumplen ahora condenas por narcotráfico y no por crímenes de lesa humanidad. Ver sobre este tema un artículo previo, “Extraditados: parapolítica y crisis institucional en Colombia”http://anarkismo.net/article/8977

[23] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-hh-se-confiesa

[24] http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-319814-se-desboca-de-nuevo-bestia

[25] http://www.anarkismo.net/article/17240

[26] Poulantzas, Nicos, Fascismo y Dictadura, Ed. Siglo XXI, 2005, pp.396-397

[27] http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-319868-prueba-de-fuerza

[28] http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-319957-los-urabenos-estarian-planeando-un-plan-pistola-antioquia

[29] El encarcelamiento de algunos paramilitares tras el paro armado demuestra que el Estado si tiene capacidad de golpear al paramilitarismo, y si no lo hace con la limpieza social o ante el asesinato impune de líderes socials, es por falta de “voluntad política”.

Violación, tortura y asesinato de niña indígena y 10 jóvenes por la herramienta paramilitar, complicidad policial.

2011-12-11T07:42:00.000-08:00

"aberrante operación de estrategias paramilitares en el municipio de Puerto Caicedo y Puerto Asís con conocimiento y consentimiento de la policía de Putumayo, agentes de la SIJIN, en desarrollo de las fases de control social territorial en áreas que son parte de la implementación del Plan Colombia. (...) Nuestra Constancia Ética ante la evidente complicidad de la fuerza pública en el accionar paramilitar que nuevamente ha definido como blanco de sus actuaciones criminales a niñas y jóvenes, que están obligando a una nueva fase de desplazamiento forzado a otras regiones del país, oleada en la que se han producido por lo menos 10 asesinatos."

La Herramienta paramilitar asesina a jóvenes en Puerto Asís, además viola y asesina a niña indígena Sibundoy

Comisión Intereclesial Justicia y Paz informe diciembre/ contexto Apc

INFORME PUTUMAYO

1. La herramienta paramilitar asesina a jóvenes en Caicedo y Puerto Asís, además viola y asesina a niña indígena Sibundoy

Sábado 3 de diciembre de 2011

Más de 10 jóvenes han sido asesinados en las últimas dos semanas por paramilitares en puerto Caicedo y Puerto Asís.

Paramilitares anunciaron a los pobladores que iban a "limpiar" lo barrios de los indeseable y la podredumbre. El 9 de noviembre fue secuestrada una niña indígena en Sibundoy, dos días después su cuerpo fue hallado sin vida, con signos de tortura y de haber sido accedida sexualmente, fue denunciado por los pobladores.

A mediados de mes, seis jóvenes fueron atacados con armas de fuego por paramilitares en Puerto Asís y cuatro más asesinados en Puerto Caicedo

En este municipio dos jóvenes indígenas fueron abordados por paramilitares, Jhon Ríos, fue asesinado, mientra David Trochez, logró salvarse.

Los paramilitares y agentes de la policía manifestaron a los pobladores que se habían equivocado, que él que debía ser asesinado era David.

De acuerdo con testigos la planeación de estos crímenes se realiza desde una hacienda ubicada a 5 minutos del fuerte militar que se encuentra en Santa Ana.

las autoridades no reaccionan y son cómplices, denuncian sus habitantes, "ellos son la ley no hay nada que hacer"

Bogotá, D.C

2 de diciembre 2011

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

http://justiciaypazcolombia.com/Paramlilitares-asesinan-jovenes-en

CONTEXTO:

¿Qué es el paramilitarismo?

El paramilitarismo es una herramienta del gran capital articulada desde el mismo estado colombiano, usada para eliminar a la oposición política, para cometer masacres abominables con la finalidad de callar reivindicaciones sociales y desplazar masivas cantidades de personas mediante la inyección de terror. Los desplazamientos masivos de personas son perpetrados para beneficio del gran capital nacional y transnacional que acapara las tierras despojadas a las comunidades campesinas; por ello las zonas más ricas y codiciadas sufren atroces masacres de la herramienta paramilitar en connivencia y coordinación con el ejército y la fuerza pública. Hoy en día este mecanismo de terror, desplazamiento y despojo para beneficio del gran capital es muy tangible en las zonas auríferas de Colombia, por ejemplo.

El accionar de la herramienta paramilitar es sembrar terror y sus métodos son de barbarie extrema; su función es eliminar la oposición política, eliminar la reivindicación social, desarticular los procesos organizativos populares, y aplicar un control social funcional a los intereses del gran capital. Es una creación de la oligarquía y del gran capital para contrarrestar los descontentos sociales y para perpetuar el despojo; no es, como busca incesantemente presentarla la propaganda mediática de sus mismos creadores, un “fenómeno de surgimiento espontáneo”; no, esa es la legitimación de un aparato genocida, una legitimación que buscan inyectar sus mismos creadores. Evidentemente el surgimiento no es “espontáneo” sino planificado y teorizado en las altas esferas del poder, un surgimiento, desarrollo y permanencia funcional al gran capital: no son “Autodefensas”, como buscaron hacerlo creer mediante la propaganda de los mass-media y la nominación de varios grupos con nombres como “Autodefensas Unidas de Colombia, AUC ”; y tampoco son meras “Bandas Criminales- BACRIM ” como busca hacerlo creer la propaganda del régimen de Santos en la actualidad: no son ni “autodefensas” ni tampoco simples “bandas criminales ”: son ejércitos de mercenarios que obedecen a sus creadores, y que permiten la acumulación de tierras y capital en pocas manos, con una definitiva e imprescindible articulación a la fuerza pública. Estas estructuras mercenarias que aplican el terror son adiestradas en el más rancio anti-comunismo y bendecidas por eclesiásticos funcionales al terror. El control social de ejerce en torno a valores fascistas en amplias regiones del país, para cortar de cuajo el surgimiento de la reivindicación social. La doble moral católica en la herramienta paramilitar alcanza su paroxismo: castigan a las mujeres por ‘llevar faldas cortas’ o por 'sonreír demasiado' pero en cambio no tienen ningún escrúpulo en violar mujeres y niñas como forma de inyectar el terror, llegando a tener los jefes paramilitares hasta 50 niñas menores de 15 años violadas y dispuestas en esclavitud sexual, como lo testimoniaron las víctimas del Jefe paramilitar alias El Patrón (1).

La herramienta paramilitar del gran capital se encuentra planteada en los manuales militares. Su articulación al estado se da como estrategia contra-insurgente y en el marco de la teoría militar del “enemigo interno” que concibe a la población como el "enemigo" y busca "quitarle el agua al pez", en el entendido de que el pez es la insurgencia popular, y elagua es el apoyo de la población civil a la insurgencia. Esta doctrina de "quitarle el agua al pez" es la que aplicaron los EEUU contra el pueblo de Vietnam y es la misma que sustenta el terrorismo de estado que se ha venido aplicando en países como Colombia o Guatemala, por citar solo dos casos. La doctrina del “enemigo interno” fue inculcada desde los formadores estadounidenses a las fuerzas militares colombianas que bajo estos lineamientos implementan la estrategia paramilitar para eliminar el apoyo popular a la insurgencia mediante la inyección de miedo, el desplazamiento poblacional, y el control social. Su financiación es dada por el gran capital, las multinacionales, terratenientes ganaderos, terratenientes del narcotráfico, y latifundio en general; aunado a lo anterior, del presupuesto de la fuerza pública y de los "apoyos" militares de EEUU reciben insumos de guerra y fondos, aunque obviamente esto último no debe constar en libros de cuentas, dado que la estrategia paramilitar del estado tiene como uno de sus principales objetivos poder ejercer masacres contra la población civil, a la vez que se aduce que “no fue la fuerza pública, sino los paramilitares” . Y bajo la modalidad de esa larga estafa el régimen continúa la práctica del exterminio contra el pueblo. Los documentos y testimonios de víctimas sobre la absoluta connivencia del paramilitarismo con la fuerza pública y las autoridades son más que abundantes. Pero la “democracia” colombiana con eje paramilitar sigue impune.

3. La perversión mediática de conjugar la barbarie al pasado cuando la herramienta paramilitar sigue impune y en funciones

Empiezan a surgir algunos materiales, bien sea testimonios, confesiones de paramilitares, reportajes, sobre la barbarie paramilitar: lamentablemente el tratamiento que dan los mass-media a estas necesarias informaciones sobre el grado de barbarie de la herramienta paramilitar lleva casi siempre un elemento perverso de desinformación y manipulación, que muchas veces hasta los medios alternativos repiten por inercia: los mass-media buscan presentar la barbarie conjugada al pasado, cuando la realidad es que el paramilitarismo sigue activo, y se ha acrecentado. Se ha establecido el lugar común que va en contra de la realidad objetiva de que: “sí, los tiempos de Uribe eran muy malos, lo que pasó fue terrible” ; y si bien ‘los tiempos de Uribe’ fueron efectivamente atroces, y lo que pasó fue terrible, lo que hay que precisar es que esos ‘tiempos’ de barbarie siguen vigentes, y la atrocidad sigue pasando . Por lo tanto hay una perversa estrategia mediática ante la imposibilidad de ocultar la magnitud del genocidio, que consiste en conjugar la realidad al pasado, mientras las masacres, barbarie y control social continúan en el presente .

Es indispensable precisar la permanencia en la actualidad de la herramienta paramilitar como lo denuncian los hechos, las comunidades y las víctimas. El último informe del Indepaz, de noviembre 2011 arroja que los paramilitares operan e instauran el control social en 347 municipios, de 31 departamentos de Colombia, un territorio mayor al del año anterior.

Como bien lo expresa la investigadora Azalea Robles:

“Ahora al paramilitarismo ya no se le llama “paramilitarismo” en los mass-media: los tanques de propaganda buscan imponer un nombre eufemístico, en el país de los eufemismos: la herramienta paramilitar es bautizada con el nombre de BACRIM (bandas criminales), esto con la idea de reforzar el concepto de “bandas” que actuarían desordenadamente y de manera autónoma, por oposición a su realidad de ejército de mercenarios organizados bajo los lineamientos de adelantar una guerra sucia planificada contra la población, con el financiamiento del gran capital y la coordinación del ejército nacional, y todo según la doctrina del “enemigo interno”.

En Colombia la constante es el rebautizo, la pantomima, la máscara, el manoseo y la prostitución de la palabra paz… Y así como se le cambia de nombre a una herramienta del terror mientras sigue activa, de la misma manera buscan hacernos creer que “hay un aire nuevo con la nueva presidencia”, mientras siguen profundizando la entrega del país a multinacionales con las consecuencias de empobrecimiento y guerra sin fin que esto significa.”

NOTAS:

(1) 50 niñas violadas por paramilitar "El Patrón" y el Parque Tayrona: Infancias molidas en grandes negocios

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=130891

Violación, tortura y asesinato de niña indígena y 10 jóvenes por la herramienta paramilitar, complicidad policial.

por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

PUTUMAYO

Viernes 9 de diciembre de 2011

CONSTANCIA 09122011

Violación, tortura y asesinato de niña indígena Kamëntsä en el Valle de Sibundoy; persecución y asesinato por parte de paramilitares a jóvenes en Puerto Caicedo y Puerto Asís

Cuando los poderosos (Herodes) se enteraron que lo habían burlado de su poder, este se enfureció terriblemente y envió a sus soldados a matar a todos los niños, a fin de eliminar entre ellos a Jesús. (Mt 2,1-18).

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la aberrante operación de estrategias paramilitares en el municipio de Puerto Caicedo y Puerto Asís con conocimiento y consentimiento de la policía de Putumayo, agentes de la SIJIN, en desarrollo de las fases de control social territorial en áreas que son parte de la implementación del Plan Colombia.

Los atentados a niñas y niños, jóvenes de estos municipios se planifican desde una propiedad ubicada a pocos minutos de una de las sedes militares con mayor apoyo financiero y logístico, y han ocurrido con un efecto de terror sobre las familias, los habitantes de los barrios que ha generado el silenciamiento, la huida y el desplazamiento. Las operaciones represivas de tipo clandestino se desarrollan en una fase de la estrategia paramilitar de control social que pretende posicionar como los guardianes de la “buena moral” y de las “buenas costumbres”, y con las que se pretende confundir a la población y aleccionar moralmente.

Las mismas estructuras armadas controlan la vida social y el tráfico de sustancias alucinógenas y psicotrópicas que se consumen en estas localidades, controlan los sitios de expendio y definen los lugares de consumo. Al mismo tiempo, son los que definen el mercado sexual, en el que involucran niñas y jóvenes, bajo la modalidad de pre pagos, las que ofrecen a adultos que integran sectores de poder en todos los ámbitos en el departamento Ante ustedes nuestra fundamentación fáctica en medio de un ambiente de terror, de silencio, de absoluta desconfianza ante las instancias que deben proveer garantías para la vida y la justicia

*Miércoles 9 de noviembre, HORA EN Q SOLIA LLEGAR A SU CASA en hora de la tarde, familiares de PAOLA ACOSTA JAMIOY, indígena Kamëntsä de la comunidad de Sotanjoy, de 12 años, se preocuparon porque extrañamente, ella no arribó a la casa como era su costumbre. De acuerdo con testigos, la estudiante de la Escuela Fray Bartolomé en Sibundoy, bajó del bus de transporte escolar en la carretera que conduce a las veredas Machindinoy y Sotanjoy desde el cuál caminaba habitualmente a su comunidad. Todas estas comunidades hacen parte del resguardo de Sibundoy.

Hacia las 4:00 p.m. se inició su búsqueda.

*Jueves 10 de noviembre, en horas de la mañana el cuerpo sin vida de la niña indígena PAOLA ACOSTA JAMIOY, fue hallada dentro de una plantación de fríjoles, cerca del camino hacia su comunidad. De acuerdo con testigos presentaban signos de haber sido abusada sexualmente, torturada, sus manos estaban atadas con alambre de púa, y ahorcada con un bejuco.

*Viernes 11 de noviembre a las 11:00 a.m. en medio de una expresión ciudadana de rechazo a esta multiplicidad de crímenes en una niña indígena, se conoció que los paramilitares habían anunciado días atrás operaciones de asesinatos contra niños y jóvenes hombres y mujeres, a quienes consideran “desechables” o de “conductas reprochables” y que deben ser eliminados En la segunda semana de noviembre diversas fuentes señalaron que cuatro jóvenes fueron asesinados por paramilitares en Puerto Caicedo. De acuerdo con los familiares de las víctimas, los paramilitares han manifestado que tienen una lista con el nombre de jóvenes que deben ser asesinados en Puerto Caicedo, ya que están “limpiando” de delincuentes y drogadictos.

*Martes 15 de noviembre hacia las 11:00 p.m. integrantes de grupos paramilitares en el barrio Acevedo de Puerto Asís, dispararon indiscriminadamente con seis jóvenes, que quedaron gravemente heridos.

Las víctimas fueron JARRISON OSORIO, de 16 años de edad; GERALDINE PENAGOS, de 16 años; CAMILO VALLEJO, de 13 años de edad; RICHARD ORLANDO ROJAS, de 17 años de edad; JULIÁN PIEDRAHITA, de 17 años de edad; JESICA ALEXANDRA REYES, de 17 años de edad.

*Jueves 17 de noviembre hacia las 12:00 p.m. paramilitares asesinaron a dos jóvenes, entre ellos un indígena del Pueblo Nasa, en el río San Juan Vides, en el municipio de Puerto Caicedo. Los paramilitares dispararon en tres ocasiones contra JHON ALEXANDER RÍOS TROCHEZ, de 14 años de edad, de la comunidad Tata Wala y en 14 ocasiones contra FERNANDO RAMÍREZ en su cabeza.

Días después, los paramilitares hicieron conocer a través de interpuestas personas que el asesinato de JHON ALEXANDER fue un error, pues debían haber matado su primo DAVID ALAIN TROCHEZ QUITUMBO, de 15 años. Agregaron que si lo encontraban lo harían “picadillo”

*Viernes 18 de noviembre hacia las 9:30 p.m. la Gobernadora del Cabildo indígena ante las amenazas de muerte contra DAVID, en compañía de un sacerdote, se dirigió hacia la Estación de Policía para pedir protección del niño. El comandante respondió afirmado que a quién iban a proteger - si a él, ya lo mataron-.

De acuerdo con testigos, agentes de la SIJIN manifestaron a la familia que: “La muerte no era para JOHN, si no para DAVID”. Agregaron que les iban a dar a todos los que consumieras marihuana. Un integrante de la SIJIN, ante la noticia de que David no había sido asesinado exclamó con extrañeza: “¿Cómo que no está muerto? En horas de la noche, la casa cabildo y lugar de habitación de DAVID, se encontraba rodeada por sujetos desconocidos..

Hacia las 10:00 p.m., mientras el niño, junto con su acompañante, era entrevistado por una funcionaria de la Comisaría de Familia, dentro de las instalaciones de la Estación de Policía, llegaron los dos paramilitares que DAVID, observó que asesinaron a los dos jóvenes. Inmediatamente un funcionario de la SIJIN apagó las luces del lugar en donde se hallaban, la funcionaria les indicó que se tiraran al piso y permanecieran allí sentados.

Durante varios minutos, los dos sujetos estuvieron dialogando con funcionarios de la SIJIN; luego se marcharon. Uno de los miembros de la SIJIN ingresó al lugar en donde se hallaba DAVID, sosteniendo que los habían capturado alrededor del cabildo. El agente le mostró fotos a DAVID, preguntando, si eran los sujetos que él había visto.

*Domingo 20 de noviembre a las 3:00 p.m. agentes de la SIJIN llegaron hasta la casa de un familiar de DAVID preguntando por su ubicación. Ante el riesgo inminente contra la vida de este niño este se desplazó forzadamente de la región.

*Domingo 20 de noviembre, a las 6:00 a.m. en Sibundoy , fue hallado el cuerpo sin vida del indígena Kamëntsä, HIGIDIO MUCHAVISOY, de 20 años de edad, padre de dos niños.

* Lunes 5 de diciembre en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá recibió de un testigo, que exigió absoluta reserva de su nombre, acerca de las operaciones paramilitares contra los jóvenes. De acuerdo con esta fuente, los paramilitares están al mando de un alias Matasiete. Se centro de operaciones, de planeación, de protección y de bodega de algunos armamentos es la hacienda Neverland, ubicada en la vía Puerto Caicedo – Puerto Asís, a 5 minutos de la Base Militar de Santa Ana.

Nuestra Constancia Ética ante la evidente complicidad de la fuerza pública en el accionar paramilitar que nuevamente ha definido como blanco de sus actuaciones criminales a niñas y jóvenes, que están obligando a una nueva fase de desplazamiento forzado a otras regiones del país, oleada en la que se han producido por lo menos 10 asesinatos.

Nuestra Constancia Ética ante estos crímenes, amenazas, violaciones que suceden a manos de grupos de la estrategia paramilitar que continúan operando a plena luz del día, vestidos de civil, con armas cortas y que se cruzan en frente de todas las autoridades, ante la mirada silenciada por el terror de la población, que continúa siendo víctimas de sus operaciones psicológicas, de presión, de hostigamiento y de la comisión de daños irreparables a la vida e integridad de niñas, niños, y jóvenes que son parte de las víctimas inocentes, habitantes de sectores marginales, excluidos de un sistema económico estructuralmente injusto.

¿Cómo puede esto seguir ocurriendo cuando institucionalmente se afirma que el paramilitarismo no existe? Es evidente que son cotidianas las operaciones policiales y militares, los retenes y requisas de pasajeros y vehículos dentro y fuera de Puerto Caicedo y Puerto Asís, en una región con tres batallones del ejército nacional, y dos estaciones de Policía Nacional y una de Policía de Carabineros, así como unidades de la Fiscalía, SIJIN ( Seccional de Investigación Judicial), y DIJIN (Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia)? Ante estos graves crímenes, nuestra Constancia y Censura Ética, pues algunos de estos daños irreparables a la vida e integridad de los habitantes de Putumayo, del Pueblo Nasa y Pueblo Kamëntsä se atribuyen a estructuras paramilitares, que a pesar de la desmovilización se encuentran vigentes, con nuevas modalidades de actuación.

Estos crímenes resultan dolorosos no solo para las comunidades sino para la humanidad, que nuevamente constata que los crímenes encubiertos o bajo ropajes clandestinos, continúan produciéndose en medio de la altísima militarización y presencia policial en Putumayo. La ausencia de una auténtica desmovilización paramilitar, la reingeniería de esta criminalidad queda en evidencia. Los resultados de enfrentamiento a lo paramilitar son formales, no reales, la imagen de restitución del Estado de Derecho, es verbal y de papel para los habitantes urbanos y rurales, que ven como sus hijos son asesinados u obligados al exilio.

Estos atentados y asesinatos, las amenazas y el cinismo de la actuación institucional evidencian la gravedad de lo que sucede en Putumayo.

No podemos esperar que nuestra Censura Ética evite la repetición de nuevos crímenes contra jóvenes, niños y niñas. Solamente esperamos, que la solidaridad internacional tal vez, lleva que las formas institucionales, alguna vez actúen a favor de la vida y de la justicia. Los hechos similares de los que hemos dejados Constancia en 2008 y 2009, solo han sido papeles que pasan de una oficina a otra, todo es absoluta impunidad.

Por eso tal vez, estas muertes injustas, estas muertes sean para la comunidad internacional y la solidaridad internacional un llamado para que cese una ayuda militar y policial, que solo está posibilitando la toma de la criminalidad del Estado formal de derecho en el Putumayo. Pues los niños y los jóvenes las futuras generaciones no pueden seguir heredando la impunidad, el silencio, el olvido y el exilio como su única posibilidad de existencia en el país Con profunda preocupación.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

http://justiciaypazcolombia.com/Violacion-tortura-y-asesinato-de&nbsp

Fracaso de la Marcha Colombiana por la Guerra Sucia, golpe político al militarismo

2011-12-10T07:45:00.000-08:00

Fracaso de la Marcha Colombiana por la Guerra Sucia, golpe político al militarismo

por José Antonio Gutiérrez D.

Dice un proverbio popular que se puede engañar a muchos por poco tiempo, o a pocos por mucho tiempo. Pero que no puede engañarse a muchos por mucho tiempo. El fracaso rotundo de la iniciativa de movilización contra las FARC-EP estimulada por el gobierno y el bloque dominante colombiano, confirman que el embrujo autoritario que ha dominado la política colombiana por casi una década ha comenzado a desvanecerse.

La Marcha de la Guerra Sucia ¿reacción espontánea de la “sociedad civil”?

Esta movilización fue convocada tras el fallido rescate militar en el que murieron cuatro uniformados en poder de esta organización insurgente en circunstancias que aún no han sido investigadas de manera imparcial e independiente. Este fallido rescate militar, además, ocurrió en momentos en que estos uniformados serían liberados de manera unilateral por parte de los rebeldes[1]. El gobierno, como una manera de evadir la responsabilidad que le cabe en esta fallida e irresponsable acción militar, que frustró la inminente liberación, buscó movilizar a la población colombiana en contra de la organización guerrillera. Del llamado del gobierno se hicieron eco inmediatamente los principales grupos económicos del país y por supuesto, los principales medios de comunicación (El Espectador, El Colombiano, El Tiempo, Caracol, RCN) que se caracterizan por su falta de independencia y su servilismo a las políticas del gobierno. También se sumaron ultraderechistas y proto-fascistas de ultratumba como “Colombia soy Yo”. La propaganda fue asfixiante, día y noche, y recordó a la que se vivió los días previos a la movilización contra las FARC-EP del 4 de Febrero del 2008. Un rol importante en la convocatoria lo tuvieron los columnistas de opinión supuestamente de izquierda “progresista”, esa socialbacanería arrodillada ante la mentada “unidad nacional” de Santos que se han convertido en los apologistas de ultima hora más entusiastas del neoliberalismo armado[2]. Lamentable también fue el apoyo dado a la marcha por Clara López, alcaldesa mayor de Bogotá, representante del alicaído partido izquierdista Polo Democrático Alternativo, pues contribuyó al confusionismo político en momentos en que más se precisa de claridad.

¿Qué buscaba el gobierno con esta movilización, aparte de evadir su responsabilidad ante el dramático resultado de su aventurerismo bélico?

Por una parte, se buscaba distraer al pueblo del creciente malestar social que se expande por todo el territorio nacional y que se ha expresado en importantes movilizaciones populares como las de campesinos, petroleros, trabajadores de los biocombustibles y estudiantes.
Sin embargo, lo más importante, para el gobierno erabuscar movilizar apoyo popular de masas para la escalada militarista que se viene en el conflicto. La última semana de Noviembre el gobierno estaba anunciando un incremento importante en el pie de fuerza del Ejército para lo que llamaban la “fase final del conflicto”[3], decretado aún borrachos de triunfalismo sobre la sangre caliente del máximo jefe de las FARC-EP, Alfonso Cano, asesinado el 4 de Noviembre.

6 de Diciembre: Plebsicito para Profudizar la Guerra Sucia y el Neoliberalismo Armado

Si la insurgencia está tan debilitada, ¿por qué es necesario ampliar de manera tan importante el poderío bélico del Estado? ¿Cuál es la urgencia por lanzar una ofensiva militar tan letal?

La necesidad de esta nueva fase militar va de la mano de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los EEUU y del Plan de Desarrollo Nacional, anclado en las “locomotoras santistas”, fundamentalmente las actividades extractivo-mineras y la agroindustria. Estas actividades requieren despejar importantes áreas del territorio colombiano para la operación de las empresas transnacionales y para la penetración de estas actividades, desplazando a quienes vivan en áreas de interés económico para el gran Capital. Es decir, estamos asistiendo en estos momentos a una profundización inédita del tradicional patrón colombiano de (sub)desarrollo económico por despojo violento[4].

Este modelo económico está en la base del conflicto social y armado que azota a Colombia por más de seis décadas. De la mano de la “confianza inversionista”, ahora viene el concepto de “prosperidad democrática”, que se traduce en el enriquecimiento ilimitado del gran Capital nacional e internacional, mediante la ampliación por la vía militar de la frontera del control estatal. Esta acción militar es imprescindible para quebrar la resistencia de las comunidades en contra del despojo (una de cuyas múltiples expresiones ha sido históricamente la insurgencia), para profundizar la privatización de los servicios y recursos, para permitir la penetración de inversiones que destruyen el tejido social y el medio ambiente. La naturaleza real de esta acción que combina la política militar contrainsurgente, la “mano negra” paramilitar y la presión económica-mafiosa, para desplazar las comunidades y destruir los tejidos sociales se puede apreciar de manera clara en las llamadas zonas de consolidación: “buena parte de la expansión paramilitar se está dando en zonas de ‘consolidación’ o de fuerte presencia de la fuerza pública. (…) (E)n el primer semestre del 2011, según (…) informaciones parciales y preliminares, se habría desplazado a unas 89.750 personas, de ellas el 28% provendrían de las zonas de consolidación territorial del Estado, lo cual es coincidente, grosso modo, con las cifras globales de desplazamiento de 2010, que indicarían un 33% de desplazamiento de las zonas de consolidación. Este desplazamiento va de la mano (…) de las “locomotoras”, de los megaproyectos, del agronegocio, del latifundio, de la palma, del caucho, de la minería”[5]. Ese es el verdadero espejo de la guerra en Colombia.

Para validar ante la población este inmenso despliegue guerrerista, esta política de guerra sucia y tierra arrasada, y las atrocidades que se vienen para impulsar este modelo de neoliberalismo armado, es que se convocó a la movilización del 6 de Diciembre.

Agotamiento político de la “solución militar” y aislamiento del bloque dominante

La marcha, sin embargo, resultó ser un fiasco total, pese a la unidad de prácticamente todos los sectores políticos (desde la derecha de ultratumba hasta importantes sectores de la “izquierda democrática”), de los medios y el respaldo de no pocos representantes de la llamada “sociedad civil”. La convocatoria fue penosa: en Bogotá no se pasó de más de 5.000 personas y la movilización fue caracterizada por mensajes encontrados –algunos que reclamaban por la solución política, mientras la mayoría de los participantes eran prueba viva de los peor de un ultraderechismo furibundo, que con espuma en la boca, gritaban por la crucifixión de Iván Cepeda o Piedad Córdoba, pedían más bombardeos y plomo para las “ratas guerrilleras”. En verdad esto era una clara muestra del legado de odio e irracionalidad de la “seguridad democrática”. En el resto del país no fueron más que grupitos de decenas o a lo más cien personas marchando, la mayoría uniformados de civil o a veces hasta con el uniforme. Fue tal el desespero que el mismo presidente Santos tuvo que llamar, en vano, a las personas a abandonar sus oficinas y sus hogares para unirse a la marcha[6].

¿Qué factores estuvieron en juego para el estrepitoso fracaso de la marcha de la guerra? Los medios, que de manera tan estridente azuzaron todos los odios, todos los prejuicios, todas las bajas pasiones, con tal de hacer propaganda para la “marcha de la guerra”, han guardado un prudente silencio y no han evaluado las razones detrás de este fracaso[7]. Parece claro que el odio intolerante del cual se alimenta la política proto-fascista impuesta a sangre y fuego en Colombia desde el Plan Colombia ya no convence al sector del cual se nutrió el 4 de Febrero del 2008: las clases medias enardecidas en los grandes centros urbanos. Mucho menos a las masas populares urbanas, y aún menos a las masas campesinas, que al vivir el conflicto en carne propia, han sido casi impermeables al discurso uribo-santista de profundizar la guerra total. Este desgaste no es nuevo y se estaba gestando ya en la fase final del gobierno de Uribe Vélez –de hecho, el lenguaje edulcorado del “santismo”, que hace referencias retóricas a la negociación política y a temas relativos a los derechos humanos mientras en la prácitca profundiza el modelo militarista de Uribe, es en parte reflejo de este desgaste. Pero la retórica santista, aún cuando esté en contradicción abierta con su práctica (donde aumentan las violaciones de todo tipo), genera expectativas en sectores de la población. Esas expectativas, por ingenuas que sean, fueron violentadas con el lenguaje franco y belicista del establecimiento en las últimas semanas y con la convocatoria polarizadora y odiosa.

Santos está consolidando su “unidad nacional”, la cual representa lo que Gaitán llamaba el “país político”, cada vez más distante del “país nacional” que le mira desde abajo con recelo, agobiado por el hambre, el invierno y las inundaciones, la incertidumbre, la pobreza, cansado del guerrerismo, la corrupción, la impunidad y la violencia oficial. En realidad, el actual momento es un momento de avance en todo sentido de las luchas populares, y ante el avance popular, el atractivo del militarismo, del proto-fascismo, retrocede. El pueblo colombiano está identificando con mayor claridad cuales son los verdaderos enemigos que le impiden la vida digna. No es casual que raíz de las protestas estudiantiles un comentarista dijera que el talón de Aquiles de Santos era la calle[8], el cual es en lenguaje simbólico, la lucha de masas; el 6 de Diciembre lo confirmó.

Reforzar las luchas del bloque popular y la resistencia contra el modelo del despojo

Debemos leer bien el significado de esta importante derrota política de Santos, de esta derrota política para la profundización de la guerra sucia y no descansar en momentos que requieren del esfuerzo de todos los elementos comprometidos para frenar la locura belicista del régimen y para resistir la profundización del modelo económico antipopular que va de la mano del belicismo.

La consigna hoy es la resistencia. Resistencia que no es, como diría algún triste arrepentido al servicio del régimen, un “disfraz de la derrota”[9]; la resistencia hoy es la afirmación vital de los oprimidos. Resistir en el campo la “mano negra” que desplaza y asesina para favorecer la concentración de tierras de esa alianza de narcos, ganaderos, latifundistas y agronegocios. Resistir la privatización del área pública de la economía y de los servicios más esenciales del pueblo. Resistir al militarismo que se cuela en cada uno de los rincones de la sociedad y que hoy se cubre con el manto de una impunidad absoluta y por derecho gracias a la ampliación del fuero militar (clamor de los sectores más obscuros del terrorismo de Estado). Resistir por todos los medios la criminalización de los que luchan: no olvidemos a los presos políticos, redoblemos los esfuerzos para que se les respeten sus derechos, para que se detengan las torturas, malos tratos y el asesinato impune en las prisiones. No olvidemos tampoco a las víctimas ignoradas del terrorismo de Estado que se movilizan día a día, enfrentando las amenazas, la muerte y al discurso negacionista oficial.

Apoyemos las iniciativas de lucha popular que ya empiezan a vislumbrarse para el 2012. En Febrero se viene la Marcha Patriótica y todos tenemos que rodearla para garantizarle el máximo de seguridad, y debemos apoyarla políticamente por todos los medios para visibilizar que los campesinos, pese al genocidio, están en pie de lucha. Apoyemos las iniciativas que hoy defienden la educación y la salud, pilares de una vida digna: la MANE y la Campaña Nacional “Salud y Seguridad Social, Derecho Fundamental”. Apoyemos las iniciativas de solución política del conflicto adelantadas por organizaciones como Colombianos y Colombianas por la Paz y defendamos a sus voceros que hoy son blanco favorito de los ataques de la jauría fascista.

Por último, la reciente derrota política de Santos es, en última instancia, sintomática de la derrota de un proyecto político incapaz de seducir al país, incapaz de ofrecer nada más que sangre y muerte a los colombianos. Nuestra fortaleza como movimiento popular debe ser esa capacidad de seducir con una propuesta radicalmente diferente al país, a los sectores populares, a los campesinos, a los excluidos: al calor de la movilización de la lucha, de la resistencia al modelo del despojo y la muerte, debemos oponer un modelo discutido desde las bases, de manera democrática, incluyente, recuperando así los horizontes emancipatorios que han animado más de medio siglo de luchas del pueblo. Ese modelo cualitativamente superior, al servicio de las masas empobrecidas, debe ser el eje de la solución política del conflicto social y armado.

No podemos hacernos falsas ilusiones, porque la lucha por un proyecto verdaderamente popular y libertario, no será una apacible negociación en la cual la oligarquía, que, no ha mostrado en medio siglo la menor voluntad de ceder en lo más mínimo sus privilegios absolutos, súbitamente se iluminará, cambiará de corazón y cederá derechos a los oprimidos y explotados. Por el contrario, será un lucha de dimensiones revolucionarias, que enfrentará la tenaz oposición de quienes se benefician del actual modelo de hambre y guerra, de las reducidas élites enquistadas en las esferas del poder de la última república oligárquica del continente… pero ante un pueblo unido y movilizado no hay tiranía ni ejército que pueda oponerse. La unidad del bloque popular es la única garantía para la victoria de la vida digna.

José Antonio Gutiérrez D.
Diciembre, 2011
NOTAS
[1] Sobre este tema ya me he referido en mayor detalle en un artículo previohttp://www.anarkismo.net/article/21305
[2] Un caso típico pero ejemplar por lo patético, es la petrista Patricia Lara y su decadente columna llamando a marchar en El Espectadorhttp://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-314516-estreno-timochenko
[3] http://elespectador.com/noticias/judicial/articulo-313117-gobierno-alista-plan-de-guerra-etapa-final-de-farc
[4] Para más detalles sobre el model de acumulación capitalista por despojo, puede revisarse un artículo previo http://www.anarkismo.net/article/19933
[5] http://www.anarkismo.net/article/20768
[6] http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-315265-santos-invita-rechazar-violencia-y-farc
[7] En El Espectador, apenas hubo un amague de análisis, en un mediocre y flojo artículo que apenas se limitó a reproducer textualmente opiniones de gente contraria a la marcha http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-315292-razones-de-los-no-marcharon
[8] http://www.lasillavacia.com/historia/el-poder-de-la-calle-el-talon-de-aquiles-de-santos-29562
[9] http://anarkismo.net/article/20317

Fiasco la marcha del Santismo para avalar el exterminio: ni los conversos Petro y Garzón pudieron engañar

2011-12-09T07:28:00.000-08:00

Fiasco la marcha del Santismo para avalar el exterminio: ni los conversos Petro y Garzón pudieron engañar

Fiasco la marcha con que el gobierno quería avalar su política: ni los conversos Petro y Garzón pudieron engañar a un pueblo. ¡no salieron ni 10 mil personas en Bogotá, y querían sacar 10millones!

Por Esperanza Sumapaz

· Fue un fiasco la marcha del Uribo-Santismo con que el gobierno quería avalar su política del exterminio

La marcha por la guerra del 6 de diciembre 2011, convocada por el estado colombiano, y para la cual se dispuso todo el arsenal, dinero, logística y presiones que puede ejercer el estado y la gran empresa, fue un fiasco total en Colombia: no salieron ni 10 mil personas en Bogotá, y querían sacar diez millones; fueron muy ilusos al imaginar que, pese a toda la ofensiva mediática, el pueblo colombiano iba a caminar a favor del terrorismo de estado, a favor de los bombardeos, a favor de los encarcelamientos masivos, a favor de la continuidad de la herramienta paramilitar que sigue asesinando con la sistemática complicidad del estado, como lo denuncian reiteradamente las comunidades. Como por ejemplo en el caso de la niña indígena de Sibundoy violada y asesinada por la herramienta paramilitar para inyectar terror y desplazar a la comunidad, y los casos de decenas y decenas de jóvenes que son asesinados a manos de la herramienta paramilitar y la fuerza pública, por todo Colombia (denuncias en Guapi, Cauca (1), denuncias en Antioquia, denuncias en Arauca, en el Caquetá, en el Putumayo (2), en el Magdalena, etc): claro, estos crímenes para la oligarquía y su aparato de propaganda no ameritan siquiera un titular en la prensa, siquiera una reseña, menos una marcha.

· Continuidad del genocidio perpetrado por la herramienta paramilitar funcional al gran capital, y articulada desde el mismo estado

Las comunidades del Putumayo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denuncian: “Más de 10 jóvenes han sido asesinados en las últimas dos semanas por paramilitares en puerto Caicedo y Puerto Asís. Paramilitares anunciaron a los pobladores que iban a "limpiar" lo barrios (…) El 9 de noviembre fue secuestrada una niña indígena en Sibundoy, dos días después su cuerpo fue hallado sin vida, con signos de tortura y de haber sido accedida sexualmente, fue denunciado por los pobladores (…) En este municipio dos jóvenes indígenas fueron abordados por paramilitares, Jhon Ríos, fue asesinado, mientras David Trochez, logró salvarse. Los paramilitares y agentes de la policía manifestaron a los pobladores que se habían ‘equivocado’, que él que debía ser asesinado era David. De acuerdo con testigos la planeación de estos crímenes se realiza desde una hacienda ubicada a 5 minutos del fuerte militar que se encuentra en Santa Ana. Las autoridades no reaccionan y son cómplices, denuncian sus habitantes: "ellos son la ley no hay nada que hacer"(2)

Evidentemente Colombia vive una situación de terrorismo de estado, y la herramienta paramilitar, rebautizada por Santos -para confundir- BACRIM, sigue en crecimiento: según el informe de noviembre 2011 del Indepaz, ahora la herramienta paramilitar del estado y multinacionales ejerce el ‘control social’ en 347 municipios de Colombia, en claro aumento con relación al año anterior. (3)

· El conflicto en Colombia es social antes de ser armado, por lo que la solución a la desigualdad social es el verdadero camino de paz

El pueblo no salió a marchar en la marcha del 6 de diciembre que el gobierno quería erigir en aval a la continuidad de su política genocida, de eliminar no solamente a la insurgencia sino a toda reivindicación social o política mediante el exterminio, sin entrar en discusión sobre las necesidades que clama el pueblo colombiano. El pueblo quiere es una solución política integral que solucione la raíz de la guerra: la aberrante desigualdad social que hace que Colombia sea el 3er país más desigual del mundo, justo tras Haití. Porque el conflicto en Colombia, antes de ser armado es social.

Como bien lo señaló Piedad Córdoba, la marcha de Santos era una gran operación de propaganda que buscaba imponerse como plebiscito a la continuidad del guerrerismo del gobierno, a la par que busca criminalizar la búsqueda real de la paz, el pensamiento crítico, la reivindicación social:

"La marcha es contra todos los que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Contra los que nos levantamos y somos capaces de decir: hay que escuchar a las FARC, hay que escuchar al ELN." (4)

Acerca de la naturaleza de la guerra en Colombia, que muchos buscan obviar, Piedad expresó:

"Esta no es una pelea de ángeles y arcángeles. Esta es una pelea del establishment económico del país y del mundo por lograr hacerse con un país, sus recursos y sus gentes, y no le importan las cifras de miseria, de pobreza, de exclusión, o una democracia tan frágil como la que se da en Colombia. Precisamente ese afán se ve reflejado en la nula voluntad política que tienen los estamentos de poder en el país de que realmente se pueda avanzar." (íbid.)

· Ni los conversos Petro y Garzón pudieron engañar a un pueblo

Ni siquiera las fichas del Uribo-Santismo como el vicepresidente Angelino Garzón, o el oportunista Gustavo Petro, lograron engañar a la gente, porque en Colombia ya está muy claro que quiénes votan por el TLC (Tratado de Libre Comercio con EEUU) no son "de izquierda", falta aún hacer claridad a nivel internacional, donde aún hay un amplio espectro de desinformación al respecto (incluso en la izquierda), y aún cuela la guerra mediática que plantea que Garzón y Petro son "izquierdistas" en el gobierno... Sólo unos datos: ambos avalan la “solución del exterminio" de Santos, ‘solución’ que rechaza la izquierda, y ambos avalaron el TLC, ambos son adalides de la privatización; y Petro eligió nada más y nada menos que al procurador Ordóñez quién ha instaurado la inquisición en Colombia. El procurador Ordóñez mantiene a miles de defensores de DDHH, de sindicalistas, estudiantes, sociólogos, maestros presos políticos, y cada día aumentan los encarcelamientos arbitrarios; se trata del mismo procurador que se ensaña contra Piedad Córdoba. En Colombia hay 7500 presos y presas políticas que son testimonio vivo de la intolerancia política que impera en el país: en esa pantomima de democracia que es el estado colombiano, hay un nivel de persecución incluso superior a las dictaduras militares abiertamente asumidas como tales.

Angelino Garzón y Gustavo Petro son fichas santistas, son parte medular de la batalla mediática del régimen para confundir a la población sobre la cuestión fundamental de la falta de libertades políticas en Colombia. Así el régimen aduce que tiene enorme 'tolerancia política' ya que ‘hasta Angelino Garzón, un ex-sindicalista es hoy vicepresidente’, claro, lo que no dice es que la CUT y sus antiguos compañeros todos lo denuncian por sus políticas contra los trabajadores, es decir por traición política, privatización, recortes de derechos laborales, funcionalidad al régimen del cual oportunistamente forma parte. Lo que no dice el régimen es que Colombia, hoy por hoy, es el país del mundo en que son asesinados más sindicalistas: el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia por la fuerza pública y las herramientas paramilitares del régimen y multinacionales, como consta incluso en las confesiones de los mismos paramilitares, y en los juicios adelantados contra Coca Cola, BP, Drummond, etc.

En cuanto a Petro, es otra pieza medular en la batalla mediática del régimen contra la percepción de la realidad: con Petro el régimen aduce que "hasta un izquierdista, ex-guerrillero es alcalde de Bogotá": claro, lo que no dice el régimen y la propaganda es que Petro no es de izquierda, como bien lo denuncia la izquierda; la propaganda no dice que Petro destruyó lo que pudo en el Polo, que Petro votó por el TLC, por el Procurador Ordóñez, por la escalada represiva, etc... tampoco dice que fue parte de una guerrilla llamada M19 que se desmovilizó en Colombia, y que fue víctima de exterminio de sus miembros una vez desmovilizados: hombres y mujeres desarmados y reinsertados fueron asesinados por las herramientas de exterminio del estado (las legales y las paramilitares), sobrevivieron unos pocos, los que se exiliaron, los que volvieron a la clandestinidad, y también los que se edulcoraron lo suficientemente en las ideas y abandonaron la reivindicación política, y sobretodo los conversos, es decir aquellos Petro's, o Navarro's Wolf funcionales al régimen.

Pues bien, ni con la ayuda de los conversos, la marcha pudo ser el plebiscito a la política guerrerista del gobierno que planeaba el uribo-santismo. No salieron ni 10 mil personas a marchar en Bogotá. Más clara no podía ser la respuesta del pueblo colombiano ante la política de exterminio que pretende imponer Santos.

Notas:

(1) "Fue un asesinato premeditado(...) La gente indignada por el atroz crimen salió espontaneamente a protestar contra las permanentes amenazas de muerte de parte de la Policía contra los jóvenes de Guapi, sobre todo a los que no se han dejado reclutar por las bandas paramilitares(...) manifiestan que es sabido en Guapi que el teniente Pino se reúne con los paramilitares en el sitio conocido como la Ele, ubicado en el barrio las Flores. Como se ha denunciado de manera constante, sectores de la policía y el ejército de Guapi, tienen una alianza con paramilitares de los Rastrojos y las Águilas Negras que actúan en la impunidad en la cabecera municipal, organizaciones que controlan el negocio del narcotráfico en la región."

http://notimundo2.blogspot.com/2011/11/guapi-cauca-policia-asesino-joven-de-16.html

http://www.dhcolombia.info/spip.php?article1100

http://www.kaosenlared.net/noticia/policia-asesino-menor-edad-denuncian-policia-asesina-jovenes-niegan-de

(2) informe Putumayo:

Las autoridades no reaccionan y son cómplices, denuncian sus habitantes: "ellos son la ley no hay nada que hacer"

http://justiciaypazcolombia.com/Paramlilitares-asesinan-jovenes-en

(3) El Indepaz -que para nada es de izquierda, pero que ante la evidencia debe reconocer el avance paramilitar-, en su informe de noviembre 2011: “al terminar el año 2011 se puede estimar un avance en su cobertura territorial, que ya supera 347 municipios de 31 departamentos”. http://www.indepaz.org.co/attachments/692_Sexto%20Informe%20sobre%20Paramilitarismo%202011%20-%20Indepaz.pdf

(4) Piedad Códoba: "La marcha es contra todos los que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Contra los que nos levantamos y somos capaces de decir: hay que escuchar a las FARC, hay que escuchar al ELN." http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140680&titular=piedad-c%F3rdoba-acompa%F1%F3-en-madrid-a-remedios-garc%EDa-y-leyla-ord%F3%F1ez-v%EDctimas-de-la-guerra-

Para información más amplia sobre lo que subyace al asunto de la marcha y sobre la necesaria búsqueda de la paz con justicia social, que no pasa por marchas guerreristas, sino por cambios estructurales, y reforma agraria:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140573&titular=se-desvanece-la-ilusi%F3n-santista:-guerra-sucia-y-soluci%F3n-militar-

Reclusas denuncian violación sexual por parte de guardianes en las cárceles colombianas

2011-12-05T07:59:00.000-08:00

Reclusas denuncian violación sexual por parte de guardianes en las cárceles colombianas

NoticiasUNO VIDEO

Una reclusa que padece de leucemia fue abusada por los guardianes de la cárcel de Valledupar... Según denunció los guardianes estarían abusando de otras reclusas...

El INPEC ordenó una investigación al respecto, pero no la ha traslado a ella, de tal manera que sigue custodiada por los guardias denunciados.

Ana Catalina Alvarez está recluida en la cárcel Judicial de Valledupar desde hace un año por un problema con el seguro de un carro. Pero además de estar en prisión se ha complicado su condición de paciente de leucemia. Como si fuera poco ahora se le suma el abuso sexual cometido por los guardias del INPEC…

“Yo hice la denuncia de la manipulación de algunos guardianes que cambiaron beneficios a cambio de tener sexo con las internas. A mi me quitaron el celular y una sim card, y un guardián me ofrece cambiar la sanción por sexo”, relató la reclusa.

Ana Catalina asegura que los guardias aprovechaban la noche para sacar a las mujeres del penal y abusar de ellas…

“Vienen a sacar a las mujeres y a tener relaciones sexuales y está mal porque es un abuso de autoridad porque ellos son los que tienen las llaves… ellos nos sacan... es irregular que un dragoneante saque a una interna en la noche”, dijo Ana Catalina.

Cuatro uniformados son investigados por inducir a las detenidas a prostituirse…

“Yo dije que era violación… y que a mí por adulta no me podía violar, pero es que hay muchas forma de hacerlo; y después de eso siguió el acoso, la burla y después denuncie otro intendente que se metió al cuarto porque según él ya lo había hecho con otro guardián”

El INPEC divulgó un comunicado de prensa dice que se ordena abrir investigación disciplinaria y compulsar copias a la Fiscalía para que investigue estos hechos…

Ana Catalina está solicitando que la trasladen de reclusorio por las presiones contra ella que de los guardias del INPEC que le reclaman por haber denunciado a sus compañeros…

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=62sg1VFycqU

http://noticiasuno.com/noticias/reclusa-de-la-crcel-de-valledupar-denuncia-violaciones-de-guardianes-a-internas-.html

La impunidad para crímenes de estado define la banalización de la sevicia y el aumento exponencial del feminicidio.

Para conocer más sobre la situación de feminicidio y violaciones sexuales en Colombia:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=130891

Un extracto:

"(...) Hay un sistematismo de las violaciones de DDHH de las mujeres por parte de la fuerza pública y del paramilitarismo: los porcentajes que les corresponden son altísimos, y no reflejan sino una pálida parte de la realidad dado que denunciar a la fuerza pública es un verdadero acto heroico en razón de los riesgos de muerte para los denunciantes al enfrentar el engranaje de todo un estado abocado a la impunidad. Tras cada denuncia de violación se esconden las que nunca serán denunciadas por miedo, y la renuencia a denunciar se agrava cuando los victimarios son fuerza pública: denunciar a la fuerza pública tiene el agravante de que la víctima denunciante tiene que remitir su denuncia a las entidades estatales, parte del mismo estado que la fuerza pública. Lamentablemente, en la casi totalidad de los casos, las denuncias efectuadas quedan en la impunidad, y varias denunciantes sufren asesinatos: hay un aparato estatal y para-estatal de impunidad, y no escatima en eliminar testigos y denunciantes.

La privatización y precarización del sistema educativo y la desvalorización de la mujer promovida por los medios masivos de comunicación a la par que exaltan los valores machistas, abonan el terreno para el maltrato. La impunidad para crímenes de estado define la banalización de la sevicia y el aumento exponencial del feminicidio. “Las estadísticas tomadas de Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía, muestran una disparada de la violencia sexual contra las mujeres: de 31.659 casos en el 2004 a 54.192 en el 2009. Lo más aterrador es la presencia de feminicidios. Y en una buena parte de ellos, los responsables son soldados o policías” (4). "

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140707

¿Qué pasó en la selva? ¿Por qué creer la versión de un régimen culpable de 3.200 asesinatos de civiles?

2011-11-28T07:50:00.000-08:00

Cuatro soldados murieron por actuación del ejército, cuando su liberación ya estaba decidida

¿Qué pasó en la selva? ¿Por qué creer la versión de un régimen culpable de 3.200 asesinatos de civiles?

Colectivo por la Paz con Justicia Social

Rebelión

Sólo tenemos las informaciones de los militares: no hay una investigación seria. ¿Qué credibilidad tiene un régimen capaz de raptar a niños de Soacha para asesinarlos y presentar sus cadáveres como "guerrilleros abatidos en combate"? Es triste. El Estado colombiano eligió la opción de guerra, el 'rescate' a sangre y fuego, en vez de la opción de paz que es el intercambio de presos.

1. Nadie sabe lo que pasó en esa selva: No tenemos por qué creer la versión de un régimen culpable de más de 3.200 asesinatos de civiles en los 'falsos positivos' y sus mentiras correlativas.
Sobre los 4 soldados presos de guerra que murieron el sábado 26 de noviembre en una operación del ejército en una zona selvática del sur de Colombia:
Las operaciones que el Estado llama "de rescate" y en las que casi siempre resultan varios muertos, son rechazadas incluso por los familiares de los presos por considerarlas peligrosas. Pero el gobierno igual hace estas operaciones sanguinarias en vez de hacer un intercambio humanitario de presos.
Sólo tenemos las informaciones de los militares: no hay una investigación seria. Nadie sabe lo que pasó en esa selva, y es aconsejable usar la prudencia dado que el martilleo mediático nos lleva hacia conclusiones apresuradas: no tenemos por qué creer la versión del generalato de un régimen culpable de más de 3.200 asesinatos de niños y jóvenes en los macabros 'falsos positivos'.
La verdad se sabrá con el tiempo, con mucho tiempo probablemente. Cabe la duda y preguntarse si no es factible que los haya ejecutado el mismo régimen a quien le interesaban más muertos para su macabra propaganda contra la insurgencia, que vivos. Más aún cuando ya las FARC-EP habían enviado en un comunicado a Piedad Córdoba el anuncio de la liberación de 6 presos de guerra de manera inminente.
Parece que para el ejército lo importante es frustrar las liberaciones de sus propios presos de guerra, así sea causando la muerte de éstos. En el comunicado de las FARC, que le llegó como Carta Abierta a Colombianos y Colombianas por la Paz, la insurgencia anuncia no solamente otra liberación unilateral de los prisioneros de guerra, sino que también reclama más justicia en el tratamiento de la humanidad de los colombianos: "Sería justo que apelando al ejercicio de la razón, el derecho y la ética en el tratamiento del problema, no se invisibilizara a los guerrilleros presos. Son alrededor de 800. El dolor no es solamente de los familiares de los prisioneros en nuestro poder. El humanitarismo debe mirar, siempre, con sus dos ojos. (...) Seguimos a la espera de un canje de prisioneros de guerra".
La insurgencia pide más equidad: "Les sugerimos dirigir su mirada sobre la situación que afrontan centenares de guerrilleros presos y unos 7.500 ciudadanos encarcelados por sus ideas, como resultado de la criminalización de la oposición política y la protesta social (...) Les solicitamos considerar, como asunto crucial para aclimatar la convivencia, el estudio de fórmulas que permitan la repatriación y liberación de Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas, guerrilleros de las FARC prisioneros del imperio, extraditados a los Estados Unidos."
Concluyen: "Como un nuevo acto humanitario que respalda esta carta, anunciamos la liberación de 6 prisioneros de los que permanecen en nuestro poder"
Los 4 soldados murieron por la actuación del ejército cuando la decisión de su liberación ya estaba tomada, así fuera de manera unilateral, sin obtener presos políticos y de la insurgencia a cambio. Se frustró una liberación ya consensuada. Cabe preguntarse qué retorcida actuación puede surgir en la lógica aberrante de un Estado que usa una herramienta paramilitar con motosierras para descuartizar a sus víctimas: ¿Prefirió acaso el régimen, tras haberse enterado de la liberación inminente, frustrar la liberación así fuera a costa de la muerte de los soldados?
No sería la primera vez que el régimen asesina para hacer sus montajes (recuérdese la llamada "retoma del Palacio de Justicia", en la que los militares asesinaron a magistrados y guerrilleros del M19 y luego mintieron sobre sus muertes: tras decenas de años se destapa la infamia). Es importante tener presente el modus operandi del ejército en la atrocidad que cometieron cuando lo del palacio de Justicia, que asesinaron a los que pudieron y se llevaron a gente viva herida que luego torturaron y desaparecieron: entre los desaparecidos están magistrados, guerrilleros y hasta personal de la cafetería.
Es triste la muerte de los soldados presos de guerra, la de los guerrilleros, la del pueblo colombiano. El Estado colombiano eligió la opción de guerra, el 'rescate' a sangre y fuego, en vez de la opción de paz que es el intercambio de presos. Con la opción de paz se habría logrado liberar a los presos de guerra que hoy están muertos, y también, en intercambio, a presos de guerra guerrilleros que hoy están en las mazmorras de Colombia, muchos de ellos enfermos terminales. Es más, en este caso las FARC habían aceptado otraliberación unilateral, con lo cual el Estado ni siquiera habría tenido que hacer un gesto humanitario (lo cual tampoco es justo, porque los presos guerrilleros deben ser liberados también: hace falta intercambiar). Con la opción de paz del intercambio sí se hubiera sabido qué pasó, porque se hubiera acordado un espacio determinado, con observadores nacionales e internacionales, haciendo las cosas de manera sensata y humanitaria. La opción de guerra deja todo lleno de dolor, de muerte y de oscurantismo, porque no hay manera de saber qué pasó en la selva sino por las versiones de los militares: y para ser justos no podemos tomar esas versiones como dignas de credibilidad pues es la versión de un bando en guerra, además de un ejército que para hacer la guerra sucia sicológica con la exhibición de cadáveres reales, no ha tenido escrúpulos en asesinar para ello a civiles y presentarlos como "abatidos en combate".
¿Qué credibilidad tiene un régimen capaz de raptar a los niños de Soacha para luego asesinarlos y presentar sus cadáveres como "guerrilleros abatidos en combate"?
Luego de emitir este cuestionamiento en forma de duda esencial para el tratamiento de la información y de la realidad, emitir otro cuestionamiento, este sí ya no como una duda sino como un reclamo a ser correctos en los términos y las categorías conceptuales, ya que por algo existe un DIH que contempla dichas categorías.

2. Los militares, policías y soldados no son secuestrados, son presos de guerra: existe el DIH que los reconoce como tales y que contempla un INTERCAMBIO HUMANITARIO para que salgan libres en intercambio de los Presos de Guerra insurgentes. Pero es el Estado colombiano el que se niega al INTERCAMBIO humanitario.
Mientras el Estado colombiano se niega a un intercambio humanitario, demostrando que no le importan nada los soldados que han peleado en su ejército funcional al gran capital, porque los trata como carne de cañón negándose una y otra vez al intercambio de presos, la guerrilla no ha cesado de hacer liberaciones unilaterales.
La opción del intercambio sí es la opción de paz, es la opción humanitaria contemplada en el mismo DIH; pero el Estado se niega.
En el Caguán y subsiguientes oportunidades las FARC liberaron a más de 300 (trescientos) presos de guerra en su poder, mientras que el régimen no libera a los presos políticos y de guerra.
Si tanto les importa la vida humana a los generales y oligarcas que nunca van a la guerra ellos mismos, si tanto les importa la vida de los soldados (como muestran en la propaganda), ¿por qué se niegan a intercambiarlos por presos políticos? ¿O es que en realidad no les importan? Esos soldados son muchachos del pueblo que en cambio sí nos duelen a las colombianas y los colombianos que queremos la paz, al igual que también nos duelen los guerrilleros y guerrilleras muertos y los apresados, porque cualquier defensor de los derechos humanos sabe que las cárceles colombianas son centros de tortura, en las que el Estado colombiano practica el homicidio de presos a tal punto que los asesina por tortura, golpizas o denegación de asistencia médica.
En el operativo fue apresada una guerrillera, y en el 99% de los medios y pronunciamientos eso no es noticia, mucho menos tragedia: cuando sí que los es, porque ¿qué suerte le espera en esas cárceles insalubres y superpobladas?

3. Necesarios planteamientos y pasos para lograr la paz
A los que queremos la paz para Colombia, una paz con justicia social, nos duelen todas y todos los hijos del pueblo: nos duelen las guerrilleras y los guerrilleros muertos o presos, nos duelen los soldados muertos y también los presos de guerra. Claro que sí. Por eso lo primero es presionar al Estado para que por fin acepte el intercambio humanitario de presos.
Luego es imprescindible que se estudie y contemple la raíz de la guerra: porque la única posibilidad de paz real que tiene Colombia, pasa por entender que la raíz de la guerra es la desigualdad social, el despojo permanente al que son sometidos los campesinos colombianos, la represión e intolerancia política con la que el Estado colombiano busca eliminar la reivindicación social, que es tan atroz que llega al punto de instaurar el terrorismo de Estado con el empleo de la herramienta paramilitar. A partir de la comprensión del problema en su totalidad debemos buscar soluciones reales como: reforma agraria, cesación de la entrega del país a las multinacionales, impulso de la soberanía alimentaria, cese de la ocupación estadounidense de Colombia, cese del despojo que perpetran multinacionales y latifundios, cese del saqueo y su correlativo empobrecimiento, redistribución de la riqueza, cambios estructurales que necesita el tercer país más desigual del mundo (Coeficiente GINI después de Haití), y nunca la solución del exterminio que propugnan Santos y los áulicos de exterminar al pueblo constituido en insurgencia.

4. Respecto al rechazo del régimen colombiano de entrar a un intercambio de presos de guerra
El Estado colombiano ha abandonado a estos soldados porque ha preferido dejarlos en la selva a soltar a los presos políticos y de guerra, negándose durante años a un intercambio de presos. Es más, el régimen colombiano ha enviado a tres guerrilleros a Estados Unidos: Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas. Lo cual es una inhumanidad total porque los priva de ver a sus familiares de por vida y los entrega a jueces de otro país. Es criminal esa actitud entreguista y necia del Estado. Así que no sólo está el tema de que el régimen no ha soltado a los presos en un intercambio humanitario, sino que además ha enviado presos a Estados Unidos.
Las FARC han soltado a más de 300 presos de guerra en los últimos años, el Estado a uno solo: ¿acaso eso es un 'intercambio humanitario' real o justo? ¿Quién carece entonces de voluntad: las FARC que liberan a 300 presos o el régimen que se niega al intercambio de presos?

5. Secuestros carcelarios y desapariciones forzadas: hay miles de seres humanos secuestrados realmente de los que los mass media nunca hablan
Por otro lado, ya que la propaganda habla de 'secuestrados', vamos a poner los puntos sobre las íes y decir quiénes realmente están secuestrados en Colombia:
Que el Estado colombiano libere a los más de 7.500 presos políticos encarcelados bajo montajes judiciales. Esos sí que están secuestrados. Son la mayoría civiles (más del 90%) secuestrados por el Estado bajo montajes burdos con testigos pagados (paramilitares del ejército que sirven para enjaular a los opositores políticos), con falsas 'pruebas' decomputadores mágicos, o incluso encarcelados durante años sin pruebas, como es el caso actualmente de la socióloga Liliany Obando que lleva más de tres años encarcelada ilegalmente, sin prueba alguna. O como fue el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, que pasó años preso sin pruebas, dado que las "pruebas" que el régimen aducía contra él eran sus escritos académicos sobre la realidad colombiana, en una evidente persecución del pensamiento crítico y a las ciencias sociales. Igualmente el periodista Joaquín Pérez Becerra, entregado ilegalmente por Venezuela, está preso sin pruebas ahora mismo, dado que la misma Corte Suprema declaró nulidad de los "computadores mágicos". Sin pruebas, Pérez Becerra está hoy secuestrado por el Estado colombiano, como miles de presos políticos más.
Asimismo las víctimas y familiares, la sociedad vulnerada por estos crímenes de Estado, pedimos que el Estado colombiano libere a los más de 62.000 detenidos desaparecidos(la ONU reconoció 57.200 desaparecidos, la Comisión de búsqueda 62.000 desaparecidos en agosto 2011): estos son secuestrados, torturados y desaparecidos, porque no se sabe su paradero.
Que el Estado diga ¿Dónde están? ¿Dónde los enterró? ¿Dónde los SIGUE enterrando? ¿Dónde siguen llevando cada semana a los opositores políticos el régimen de Colombia? Porque cada semana desaparecen varios opositores políticos en Colombia: estudiantes, ambientalistas, sindicalistas, maestros, campesinos... todos desaparecidos por la herramienta paramilitar del régimen y la fuerza pública.
Ya basta de tanta falsimedia: si quieren hablar de "secuestro en Colombia" hablemos claro, es el Estado colombiano y su herramienta paramilitar el que hace del secuestro una práctica sistemática: queremos de vuelta a los desaparecidos y a los presos políticos, que el Estado los libere, y que cesen los secuestros carcelarios y las desapariciones forzadas.

6. Conclusión
Tenemos que trabajar para lograr la paz en Colombia, y en esa palabra de tres letras caben los sueños de un pueblo, porque la paz verdadera es la paz con justicia social, es decir una paz que no sea la Pax Romana que pretenden Santos o el imperio estadounidense y sus aliados. El pueblo colombiano necesita una verdadera paz, no una paz cosmética en la que la miseria seguirá asesinando a más de 20.000 niños menores de 5 años anualmente, muertos por falta de agua potable en el cuarto país con más riqueza hídrica del mundo.
No puede ser que aceptemos que un puñado de familias y de multinacionales acaparen todas las riquezas del país, mientras el pueblo sufre despojo, desplazamiento forzado, miseria, desnutrición, condiciones indignas de vida. No puede ser que aceptemos que las multinacionales destruyan montañas enteras envenenando la fauna, la flora y a las personas, solo para que se enriquezcan unos empresarios del oro, unos banqueros de la muerte. No es aceptable que el pueblo colombiano no tenga educación gratuita y de calidad, que no tenga acceso a la salud y se mueran miles de seres humanos anualmente sin poder entrar siquiera a un hospital porque no los admiten por no tener la "cuota para el ingreso": eso es guerra social y económica, y es acabando con esa guerra social y económica como el conflicto social y armado empieza a solucionarse.
Lo que no es aceptable es que haya miles de muchachitos de 18 años que tengan que sacrificarse entrando al ejército colombiano sólo porque es la única manera que tienen de que alguno de sus hermanos obtenga una beca de estudios para la secundaria, o que su madre pueda ser admitida en un hospital, porque eso hace el Estado colombiano: cambia lo que debería ser un derecho del pueblo (salud, educación) por vidas humanas. Y eso no es aceptable. De esta forma se mantiene el régimen colombiano y se mantiene un statu quo de saqueo y empobrecimiento: se empobrece a la población hasta la médula y para acceder a los derechos básicos muchos no tienen otra opción que enviar a sus hijos al ejército que cuida a las multinacionales. Porque eso hace el ejército colombiano: cuidar los intereses de una minoría oligárquica y multinacional (hoy cuidando a la multinacional Pacific Rubiales, a la Drummond, a la Gold Mines, a la Medoro, a la Oxy, a la Repsol, etc), mientras que los hijos de los oligarcas nunca hacen ni el servicio militar, porque pagan. Y luego, en el campo insurgente hay miles de muchachos y muchachas que se van a la guerrilla cansados de la injusticia social, de la explotación, de la represión atroz; que luchan para cambiar las cosas, luchan contra un imperio, porque hoy en día son los bombarderos y la tecnología de EEUU la que enfrentan. Son muchos los jóvenes que pasan a la clandestinidad e ingresan en la guerrilla empujados por la brutal represión que ejerce el régimen colombiano contra la oposición política: ese es un factor fundamental que no podemos ignorar.
Esta represión descarnada contra la reivindicación social y política es digna de las peores dictaduras, y se traduce en que el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia por la fuerza pública y la herramienta paramilitar del régimen y multinacionales. Hay una cifra dantesca de presos políticos, una realidad dantesca del crimen de Estado de la desaparición forzada: todo en Colombia huele a represión, las universidades están militarizadas, las oficinas de sindicatos y de defensores de los derechos humanos tienen puertas blindadas, los abogados de presos políticos viven en el miedo atroz, al menos la mitad del país sufre cruentos bloqueos económicos que hace el ejército impidiendo la entrada y salida de víveres, la entrada de medicinas, causando la muerte de miles de personas por falta de tratamientos. La lista de la guerra represiva del Estado contra la población civil es interminable; la guerra no es sólo contra el pueblo insurgente, en Colombia hay terrorismo de Estado ejercido directamente contra la población civil.
Hay una guerra en Colombia, hay terror de Estado en Colombia contra la población civil, hay dolor, injusticia y muerte. Tenemos que buscar la paz: porque nos duelen los muertos, porque nos duelen los presos, porque nos duele la injusticia social que está en la raíz de la guerra.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

LLAMAMIENTO URGENTE A LA SOCIEDAD COLOMBIANA POR EL ACUERDO DE INTERCAMBIO HUMANITARIO Y LA SALIDA POLÍTICA A LA GUERRA

2011-11-08T07:40:00.000-08:00

"La pérdida de los militares retenidos es muy lamentable, tan lamentable como la muerte de prisioneros políticos que han caído en manos del INPEC, que han sido torturados, víctimas de los tratos más crueles, inhumanos y degradantes, hacinados, aislados e invisibilizados en las cárceles colombianas. Los más de 7.500 prisionerxs políticxs en las cárceles de nuestro país y los prisioneros de guerra retenidos por las FARC EP han sido condenados por el régimen colombiano a permanecer eternamente así por obra y gracia del discurso anti-popular internacional gringo de la lucha contra el terrorismo, que en todo caso, ayuda a proteger sus intereses de clase tanto en USA como en Colombia. Igualmente las personas extraditadas y detenidas ilegalmente a los EEUU hacen parte de esta tragedia."

LLAMAMIENTO URGENTE A LA SOCIEDAD COLOMBIANA POR

EL ACUERDO DE INTERCAMBIO HUMANITARIO Y LA SALIDA POLÍTICA A LA GUERRA

La Coalición Nacional e Internacional por el Trato Digno y la Libertad de Lxs Prisionerxs Políticxs LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS hace un llamado a la sociedad colombiana para que se pronuncie de manera contundente frente a la crisis humanitaria que aqueja al país y en especial, en relación a la urgencia de Acuerdos Humanitarios que conduzcan a escenarios de negociación entre el gobierno y la insurgencia, a que se movilice en dirección a conseguir una salida política a la guerra, en donde el Pueblo colombiano y el movimiento popular tengan una especial participación en la construcción de un país donde haya Paz con justicia social.

Los recientes acontecimientos donde perdieron la vida cuatro de los seis retenidos de guerra, próximos a ser liberados de manera unilateral por las FARC EP, han suscitado varias reacciones ante la opinión pública a través de los medios de comunicación, de varios sectores pertenecientes a las altas esferas del poder, de organizaciones sociales y populares y de víctimas en favor y en contra de un acuerdo humanitario. La sociedad está polarizada a causa de la intransigencia del Gobierno.

Como producto del manejo de estos hechos, se convocó por parte del gobierno a la marcha del 6 de Diciembre 'en contra del secuestro y de las FARC', constituyéndose ésta en una expresión más del empeño de las clases dominantes, en que la única salida al conflicto interno es la militar. Convencidas como lo están las clases dominantes, desde hace más de medio siglo que la guerra se debe mantener para perpetuar su estadía en el poder, así lo tengan que hacer a costa de las vidas de miles de colombianos y colombianas que piden a gritos Paz, Dignidad y Soberanía. Es por esto que cayeron los cuatro retenidos en lugar de poderse concretar un intercambio humanitario. Pues, hay que decirlo, el ejército que dice haber estado haciendo una “tarea de reconocimiento”, en realidad estaba intentando un rescate militar de los retenidos sin el consentimiento de sus familiares. De esta manera engañando a la sociedad, actitud no permitida por los Códigos Jurídicos Internacionales de Regulación de la Guerra.

El proceso otra vez truncado por el gobierno de intercambiar prisioneros no puede legitimarse ante los y las colombianas. Los esfuerzos hechos desde espacios como Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz, Colombianos y Colombianas por la paz, Los encuentros nacionales e internacionales por el Acuerdo Humanitario y la Paz, los Encuentros Regionales, Nacionales e Internacionales por la Libertad de Lxs Prisionerxs Políticxs son pasos certeros del movimiento popular y de los sectores que se han solidarizado desde la comunidad internacional para llegar a este momento de negociación y sensatez política.

La pérdida de los militares retenidos es muy lamentable, tan lamentable como la muerte de prisioneros políticos que han caído en manos del INPEC, que han sido torturados, víctimas de los tratos más crueles, inhumanos y degradantes, hacinados, aislados e invisibilizados en las cárceles colombianas. Los más de 7.500 prisionerxs políticxs en las cárceles de nuestro país y los prisioneros de guerra retenidos por las FARC EP han sido condenados por el régimen colombiano a permanecer eternamente así por obra y gracia del discurso anti-popular internacional gringo de la lucha contra el terrorismo, que en todo caso, ayuda a proteger sus intereses de clase tanto en USA como en Colombia. Igualmente las personas extraditadas y detenidas ilegalmente a los EEUU hacen parte de esta tragedia.

No desean los poderosos hacer el acuerdo humanitario ni la paz, no desean sentarse a negociar las transformaciones estructurales necesarias para acabar con la injusticia y el terrorismo de Estado porque no están dispuestos a soltar el poder, a permitir una reforma agraria y por supuesto, no están dispuestos a que el Pueblo colombiano conduzca su destino y construya una Nación digna y verdaderamente independiente.

Somos nosotrxs como Pueblo y Movimiento Popular organizado en diferentes expresiones, quienes tenemos como responsabilidad histórica hacer realidad la salida política y garantizar que los retenidos de guerra del gobierno y de las FARC EP sean liberados.

Unamos nuestras voces, nuestras fuerzas y logremos concretar la salida política. El gobierno y la insurgencia se tienen que sentar en la mesa de diálogo, no podemos seguir dejando desangrar la esperanza:

¡¡¡ Intercambio Humanitario ya y Salida Política a la Guerra !!!

Coalición Nacional e Internacional por el Trato Digno y la Libertad de lxs Prisionerxs Polítcxs

LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS

Coalición Suroccidente.

Diciembre de 2011

Campaña Permanente por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs Colombianxs

Chávez, cuida que tus amistades no sean el imperio disfrazado de Santos. ¿Hay ética en colaboracionismo y entregas?

2011-11-04T07:35:00.000-07:00

Chávez, cuida que tus amistades no sean el imperio disfrazado de Santos. ¿Hay ética en colaboracionismo y entregas?

En cuanto a disfrazar de “unidad” el colaboracionismo con el régimen que asesina al pueblo colombiano, solo recordar que la unidad bolivariana es la unidad de los pueblos, no la unidad con regímenes que son verdaderas dictaduras con máscara y eje paramilitar, como es el caso del gobierno de Santos

Por Revolución no entrega Revolucionarios

Muy preocupante la situación de la región Colombo-Venezolana: hay una política de colaboracionismo por parte del gobierno de Venezuela con el régimen genocida de Juan Manuel Santos de Colombia: los pactos, negocios, acuerdos de colaboracionismo militar van mucho más lejos que lo estrictamente necesario para una 'convivencia' vecinal.
Las últimas declaraciones de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, apuntan al entreguismo y alineamiento con las políticas regionales de EEUU. Las declaraciones de Hugo Chávez, emitidas el 28 de noviembre 2011 son lamentables pues hacen gala de un desconocimiento de las miles de víctimas que sufren el terror de estado en Colombia, que ahora Chávez parece ignorar. Equipara lo inequiparable, y parece ahora ignorar las masacres que comete el estado, parece ahora ignorar que Colombia -es decir el pueblo colombiano-, padece del estado en primer lugar, por su intolerancia política, su talante genocida, y su entreguismo a EEUU y al gran capital multinacional. ¿O acaso la denuncia de la Federación Sindical Mundial y otros organismos de que en Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo a manos de la fuerza pública y de herramienta paramilitar del régimen y multinacionales es totalmente desconocida para Chávez?
Reproducimos las declaraciones tal como las reseñaron los medios:
"El mandatario suramericano destacó que no permitirá esas acciones  "por ningún grupo, por ningún personaje bien sea narcotráfico, guerrilla, terrorismo, o como se llame"  en alusión a la captura de un narcotraficante solicitado por el Gobierno colombiano."
Chávez, haciendo alusión a un narcotraficante, lo mezcla todo: es deplorable, y contradice lo que un día dijo el mismo Chávez sobre la lucha social y armada de las insurgencias colombianas (FARC y ELN), y contradice el ideario bolivariano que contempla el derecho a rebelión contra la tiranía: ¿incoherencia?
Chávez pone en el mismo paquete:  'narcotráfico, guerrilla, terrorismo,  o como se llame' Y de este 'curioso' - por decir lo menos- paquete, sólo podemos imaginarnos a qué corresponde el  "o como se llame": ¿le corresponde acaso ese apelativo a periodistas como Joaquín Pérez Becerra y demás perseguidos políticos que Santos le haya pedido o le pida a futuro?
Dice Chávez que no quiere nada con "narcotráfico": ¿Acaso Chávez busca ignorar que Santos gobierna gracias al narcoparamilitarismo?
¿Ignora acaso Chávez que el narcoparamilitarismo bajo Santos controla 347 municipios de Colombia como lo señala el informe de este mes del indepaz, y como lo denuncian las comunidades campesinas de Colombia que no cesan de denunciar la connivencia entre la fuerza pública y el paramilitarismo en las masacres y violaciones de todo tipo?
¿Y por qué Chávez da indultos a derechistas y paramilitares y en cambio acepta que las autoridades venezolanas violen el DIH contra los perseguidos políticos, sean estos civiles o guerrilleros?
Chávez le dijo a Santos en el encuentro del 28 de noviembre:
  "sepa que haremos todo a nuestro alcance para impedir que desde territorio venezolano se conspire o arremeta contra Colombia, sea guerrilla, paramilitarismo  o que viole o pretenda violar la soberanía venezolana porque nos hacen mucho daño".
Equipara lo inequiparable.
Inequiparable: la insurgencia nace y se alimenta de un proceso histórico y social de un pueblo; mientras que la herramienta paramilitar del régimen colombiano y del gran capital transnacional, nace directamente de la mano de latifundistas, narcos y empresarios y se alimenta del mismo estado colombiano, de formadores, insumos y apoyos del Mossad israelí y de los mercenarios estadounidenses. Realmente deplorable avalar las aposiciones, en eco a las comparaciones que emite la prensa derechista propiedad de Juan Manuel Santos.
¿Acaso Chávez ignora que 'contra Colombia', es decir  contra el PUEBLO colombiano el que conspira y arremete es el propio Santos, responsable de al menos 3.200 asesinatos de civiles cuyos cadáveres son usados en macabros montajes militaro-mediáticos?
1. Las Autoridades venezolanas se están dejando llevar a las complicidades más abyectas con el genocidio contra pueblo colombiano, de la mano de Santos.
Veamos, sólo cuatro datos que evidencian lo que es el régimen colombiano, y quién es Santos:
En los 90 primeros días del gobierno de Santos fueron asesinados 50 opositores políticos (denuncia PDA), y el exterminio prosigue. Desde que Santos asumió en la presidencia de Colombia fueron asesinados 40 sindicalistas, como lo denunciaron hace una semana en el parlamento británico los parlamentarios del grupo de trabajo por Colombia. El crimen de estado de la la desaparición forzada sigue en aumento, en un país en el que según la ONU hay al menos 57.200 desaparecidos forzados (cifras reconocidas 2011).
El ejército colombiano practica el asesinato de civiles para justificar sus gigantescos presupuestos y para hacer guerra sicológica con la exhibición de cadáveres: los militares colombianos asesinan a civiles y luego presentan sus cadáveres como "guerrilleros abatidos en combate" en macabros montajes militaro-mediáticos. Suelen elegir sus víctimas entre la población rural o la población más empobrecida de los barrios periféricos, aunque también practican estos asesinatos mal llamados "falsos positivos" contra sindicalistas y opositores.
Hay al menos  3.200 casos documentados de estos asesinatos de civiles; la impunidad alcanza el 99% de los autores materiales y el 100% de los autores intelectuales de esta práctica (ONU, MOVICE, CINEP). Santos fue ministro de defensa de Uribe, y hoy con Santos como Presidente continúan incrementándose estos asesinatos: por lo tanto, en ambos cargos Santos es responsable de estos miles de asesinatos.
¿Y con esa cara viene el régimen colombiano a acusar con saña y montajes manifiestos al cantor enfermo Julián Conrado y a otros perseguidos políticos incluyendo en la cacería humana tanto a guerrilleros como a guerrilleros inactivos, enfermos, hasta a civiles... a periodistas (JPB)?
Se espera que las autoridades de Venezuela no sigan violando la legalidad manteniendo preso al cantor enfermo Julián Conrado cuando ya se han pasado todos los plazos, y se espera que no den crédito a los montajes judiciales contra Julián Conrado; porque elegir darle crédito a los montajes del régimen colombiano es hacerse la ciegas ante la evidencia y entrar en complicidad activa con un régimen genocida: más aún sabiendo que las acusaciones vienen del régimen paladín en armar mentiras, montajes, y "falsos positivos"  (no reculando ni en asesinar civiles para tener los cadáveres para los montajes militaro-médiáticos). Las autoridades venezolanas se están dejando llevar a las complicidades más abyectas da la mano del genocida Santos... Ojalá Chávez recapacite. Ojalá Chávez cese ese nivel de colaboracionismo, que es, por demás, totalmente innecesario.
2. La ética vejada y el pie izquierdo herido
Ese nivel de colaboracionismo con Santos no sólo es anti-ético, sino que también es contraproducente para el avance de la izquierda en la región. Hay que tener muy claro que si el proceso venezolano da el paso adelante hacia los cambios necesarios para un verdadero socialismo, en ese momento EEUU y su régimen títere de Juan Manuel Santos serán los primeros en morder al pueblo venezolano, y en cambio el pueblo colombiano y las insurgencias colombianas serán los primeros en brindar apoyo al pueblo venezolano.
Hoy en día, de hecho, es la insurgencia colombiana la que funge de barrera de contención al expansionismo estadounidense en la región: el día en que la insurgencia no esté (si llegara a pasar), tengan seguro los venezolanos que los Estados Unidos tendrán las manos completamente libres para la invasión que decidan. Por lo tanto, entregar perseguidos políticos al régimen de Colombia es no solo anti-ético y anti-bolivariano, sino que también es "dispararse en el pie izquierdo".
Mientras se firman acuerdos de cacería humana, de reedición del Plan Cóndor  entre Santos y Chávez, los pueblos solidarios del mundo siguen alzando sus voces por que cesen las entregas de perseguidos políticos y el colaboracionismo con el régimen de Santos... y se espera que el clamor solidario sea escuchado por Chávez.
3. Manejos ilegales, violaciones al DIH en las entregas de perseguidos políticos a la tortura
El manejo ilegal de la humanidad de los perseguidos políticos por parte de la colaboración de fuerzas represivas colombianas y venezolanas, es grave pues desemboca la mayoría de las veces en entregas de perseguidos políticos, en las que éstos son  privados de todos sus derechos, y entregados a un estado torturador como el colombiano, quién ha asesinado a 11 presos políticos en lo que va del año 2011.
Ya son 11 presos políticos asesinados en el 2011 en Colombia, el penúltimo molido a palos, y el último falleció hace pocos días tras tortura de denegación de asistencia medica.
Se cuentan ya por decenas los  perseguidos políticos entregados de manera ilegal al régimen colombiano por parte de Venezuela: cabe recordar que un ser humano, sea éste civil o guerrillero, tiene por ley derecho al acceso a defensa, y a un proceso de extradición en legalidad, en el cual mediante su derecho a defensa, puede rebatir y revocar los motivos aducidos por el estado requiriente, y lograr en muchos caso su no-extradición: por ejemplo cuando el perseguido esté enfermo, herido (han sido entregados varios heridos en violación al DIH), o que se compruebe el ensañamiento judicial del régimen colombiano contra todo opositor (el caso del periodista JPB es flagrante). Esta cacería humana que implementa el régimen colombiano, bajo las directrices estadounidenses, es una medida de guerra sucia contra la población.
Concretamente para el caso de Julián Conrado: tanto la Convención Contra la Tortura como la Convención de Ginebra lo amparan, dado que no se puede entregar a un perseguido político (además enfermo) al un régimen torturador como el colombiano.
4. Venezuela SÍ tiene otra opción: ampararse en el DIH y no entregar perseguidos políticos, enfermos y heridos
Venezuela sí tiene otras opciones que entregar seres humanos a la tortura, ya no creemos el cuento con el que tristemente saturaron los medios venezolanos cuando la ilegal entrega del periodista Joaquín Pérez Becerra, esa gruesa mentira repetida hasta por intelectuales funcionales a la violación al DIH y a la ética de que "no había otra opción". Ahora lo decimos, lo vemos claramente, para algo hay textos de ley, para algo existen convenios del Derecho Internacional Humanitario: también para proteger a los perseguidos políticos.
Venezuela Sí tiene otra opción que entregar perseguidos políticos: se puede, y debería, ampararse en el DIH y en la propia constitución venezolana, además de ampararse en la ética y el humanismo más elemental, para NO entregar más perseguidos políticos a las mazmorras de Santos, en las que ya hay más de 7.500 presos políticos bajo montajes judiciales, el 90% de ellos civiles cuyo encarcelamiento testimonia de la extrema intolerancia política del gobierno colombiano. Joaquín Pérez Becerra es uno de esos presos políticos, debido a que fue entregado ilegalmente por Venezuela en abril 2011: hoy se encuentra encarcelado sin prueba alguna, puesto que las falaciosas pruebas que el régimen esgrimía en su contra eran los "computadores mágicos" que la propia Corte Suprema declaró nulos como "pruebas" dada la ruptura de la cadena de custodia y la violación al DIH en el bombardeo a Ecuador. Pero el periodista está igualmente preso, sin pruebas, en una figura denunciada como 'secuestro carcelario'.
Venezuela puede, y debe, ampararse en el respeto al DIH y cesar ya las entregas de perseguidos políticos al régimen colombiano. Por coherencia, por humanismo, por ética , se le pide a Chávez que recapacite en su colaboracionismo con el régimen colombiano. Un colaboracionismo que lleva a Venezuela a perder su neutralidad, y a apoyar al régimen más genocida del continente en la persecución implacable que adelanta contra el pueblo colombiano.
5. Santos es el principal adalid de EEUU en la región
Y en cuanto a disfrazar de “unidad” el colaboracionismo con el régimen que asesina al pueblo colombiano, solo recordar que la unidad bolivariana es la unidad de los pueblos, no la unidad con regímenes que son verdaderas dictaduras con máscara y eje paramilitar, como es el caso del gobierno de Santos.
El régimen colombiano es el más apoyado militarmente del mundo por Estados Unidos, junto con el de Israel. ¿Entonces unirse con el régimen genocida de Santos es unirse con quién exactamente?

Colombia bañada en sangre a un año de Santos: cifras del Terror

2011-09-19T05:34:00.000-07:00

Colombia bañada en sangre a un año de Santos: cifras del Terror

Por Colectivo por la Paz con Justicia Social

¿Cuanto dolor, lágrimas, despojo, desaparecidos, presos políticos y torturas más hacen falta para que el mundo cese la complacencia cómplice con el régimen colombiano?

Las cifras de asesinados, torturados, encarcelados y desaparecidos, así como las leyes de impunidad para la herramienta paramilitar, el entreguismo a multinacionales y el despojo continuo, demuestran claramente la catadura genocida del gobierno.

A más de 1 año de posesión del presidente actual de Colombia, Juan Manuel Santos, hacemos una breve reseña de la dramática situación de derechos humanos en Colombia bajo su gobierno. Las violaciones a los derechos humanos continúan incrementándose y sigue la agresión sistemática desde las herramientas legales (fuerza pública) e ilegales (herramienta paramilitar) del estado y multinacionales contra la población.

Desde el 7 de agosto 2010 han sido asesinados impunemente 36 defensores/as de los derechos humanos, 18 dirigentes agrarios que exigían la restitución de las tierras usurpadas con violencia a los campesinos y 28 sindicalistas (1), miles más han sido amenazados de muerte. Asimismo han sido asesinados o desaparecidos decenas de opositores políticos, sean estos afiliados a partidos de izquierda o parte de organizaciones comunitarias, de reivindicación social, viviendista, estudiantil, etc…

Tanto el Partido Comunista como el Polo Democrático sufren asesinatos de sus militantes: el PDA denunció que en los primeros 90 días del gobierno de Santos fueron asesinados 50 opositores políticos, y continúa el exterminio (2).

12 compañías teatrales de Bogotá han sido amenazadas de muerte si no cesan el teatro social: las amenazas provienen de la herramienta paramilitar que expresa que procederá a “acabarlos uno por uno” porque según esta herramienta del terror estatal que opera desde la sombra de la ilegalidad con total anuencia de la fuerza pública, los teatreros y artistas “se las quieren dar de defensores de derechos humanos y se oponen a las políticas de nuestro gobierno” (3).

La persecución al estudiantado crece, y tras las gigantescas manifestaciones del estudiantado contra la privatización, las universidades del país han amanecido tapizadas de amenazas de muerte contra los estudiantes, en las que la herramienta paramilitar expresa que asesinará a los estudiantes (4): “lista en mano, uno por uno”. Estas amenazas han sido pintadas y producidas en las narices de rectorías y autoridades: la represión contra el estudiantado ya ha quitado la vida a varios estudiantes desde la posesión presidencial de Santos.

Crece el drama del desplazamiento forzado de personas, y están en altísimo riesgo de ser desplazadas las comunidades que viven en zonas codiciadas por las multinacionales, como la comunidad de Marmato, cuyo párroco fue asesinado el primero de septiembre 2011 porque lideraba la oposición a la multinacional aurífera Medoro. La comunidad es presionada por la multinacional desde el año 2009. La multinacional canadiense Medoro Resources, fusionada con la Gran Colombia Gold, ha venido impulsando un megaproyecto de explotación del oro a cielo abierto, lo que implica desaparecer el pueblo de Marmato y desplazar a toda su población. El cura de Marmato había denunciado pocos días antes de ser asesinado que recibía presiones de la multinacional para que desplazara su parroquia: ”Había denunciado, pocos días antes de ser asesinado, que su lucha para evitar que en su parroquia se desarrollara un megaproyecto de extracción de oro, podría costarle la vida”(5)

Crece la desaparición forzada de personas. Continúa la práctica de los asesinatos de civiles a manos de militares en los mal llamados “falsos positivos”,con al menos 29 nuevos casos documentados en el último año. Aumentan los encarcelamientos de opositores y defensores de DDHH que sufren montajes judiciales por parte del estado. Es dramática la situación en las cárceles donde literalmente se pudren miles de prisioneros políticos, que sufren condiciones aberrantes de reclusión y torturas reiteradas, como lo denuncia la OMCT. Desde el inicio del 2011 han fallecido por torturas y denegación de asistencia médica 7 presos políticos (6).

El informe de agosto 2011 de la Coalición Contra la Tortura expresa que la tortura se extiende a toda la población colombiana y que el Estado es responsable del 91% de los hechos de tortura; siendo la tortura de la violencia sexual una práctica en dramático incremento incluso contra niñas y niños: “En los 107 casos en que se pudo establecer el autor del crimen de violencia sexual se encontró que los agentes del Estado son responsables del 98,14% de estos.”(7).

Hay más de 7.500 presos políticos en las cárceles colombianas lo que hace del régimen colombiano un 'record' en presos políticos: el 90% de los presos políticos son civiles. Algunos informes recientes señalan que la cifra de 7.500 presos políticos estaría subvalorada, pese a ser ya en sí escandalosa, pues debido al aumento de los encarcelamientos arbitrarios de estos últimos años las cifras rondarían los 9.500 presos políticos, totalmente invisibilizados.

El drama de los derechos humanos se acentúa con la perpetuación de la estrategia paramilitar del estado y multinacionales: se trata de los grupos narco-paramilitares cuya existencia es negada ante las cámaras por el gobierno recurriendo a la coartada de cambiarles el nombre por el de “bandas criminales emergentes” (BACRIM), mientras siguen su accionar criminal en contubernio con la fuerza pública en todo el país, y gozan de nuevas leyes de impunidad recién promulgadas por el gobierno Santos.

ALGUNAS CIFRAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA:

· El estado colombiano tiene el ejército más armado del mundo por EEUU, junto con Israel y Egipto: un ejército genocida, ese mismo ejército que detrás del batallón de la Fuerza Omega del Plan Colombia, tiene la mayor fosa común del continente: con 2000 (2mil) cadáveres de desaparecidos. (8)

· El ejército colombiano practica el asesinato de civiles para justificar sus gigantescos presupuestos: los militares colombianos asesinan a civiles y luego presentan sus cadáveres como "guerrilleros abatidos en combate" en macabros montajes militaro-mediáticos. Suelen elegir sus víctimas entre la población rural o la población más empobrecida de los barrios periféricos, aunque también practican estos asesinatos mal llamados "falsos positivos" contra sindicalistas y opositores. Hay al menos 3.200 casos documentados de estos asesinatos de civiles; la impunidad alcanza el 99% de los autores materiales y el 100% de los autores intelectuales de esta práctica (9).

· En Colombia son asesinados el 60% de todos los sindicalistas asesinados en el mundo, por la fuerza pública o la herramienta paramilitar de multinacionales y estado.(ver 1)

· Colombia es 'record' en presos políticos: más de 7.500 hombres y mujeres, en su inmensa mayoría civiles enjaulados bajo burdos montajes judiciales.(10)

· El crimen de estado de la desaparición forzada es otro 'record' horrendo, la "democracia" colombiana supera las cifras de tortura y desaparición forzada de las dictaduras del Cono Sur: la ONU reconoce al menos 57.200 desaparecidos, la Comisión de Búsqueda cifró en 62.000 los desparecidos (agosto 2011), las víctimas reclaman unas 250.000 personas desaparecidas: en sólo 3 años las herramientas represivas del estado colombiano desaparecieron a 38.255 personas (informe Medicina Legal). (11)

· Colombia es el país con más desplazados del mundo, junto con Sudán: 5,2 millones de personas desplazas forzadamente (12) por la herramienta paramilitar y sus masacres, con la finalidad de ofertar las tierras así despojadas al gran latifundio y las multinacionales: el 40% del territorio colombiano está pedido en concesión por multinacionales mineras.(13)

· Mientras se incrementa el exterminio contra la oposición y contra el pensamiento crítico, la impunidad para las herramientas represivas y genocidas rebasa lo imaginable: recientemente el gobierno de Juan Manuel Santos votó una ley que indulta a más de 31.000 paramilitares (Ley 1424) (14).

NOTAS:

(1) Colombia, el país más peligroso del mundo para sindicalistas, ya van 27 sindicalistas asesinados bajo la presidencia Santos: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133818&titular=el-pa%EDs-m%E1s-peligroso-del-mundo-para-los-sindicalistas-

Además el 3 de septiembre 2011 fue asesinado Jorge Alberto Durante en Carepa, Antioquia, dirigente sindical y miembro del partido opositor PDA

http://www.radiocafestereo.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=3082:asesinado-en-carepa-el-dirigente-sindical-jorge-alberto-durante&catid=54:what-ails-you&Itemid=411

(2) PDA denunció que en los primeros 90 días del gobierno de Santos fueron asesinados 50 opositores políticos, y denuncia exterminio (2).

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135250&titular=en-antioquia-los-dirigentes-del-polo-est%E1n-siendo-exterminados-

(3) 12 compañías teatrales de Bogotá han sido amenazadas de muerte; las amenazas provienen de la herramienta paramilitar que expresa que procederán a “acabarlos uno por uno” porque “ se oponen a las políticas de nuestro gobierno”

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135017&titular=paramilitares-contra-el-teatro-

(4) Estudiantado amenazado y asesinado:

http://notimundo2.blogspot.com/2011/09/parauribismo-en-uniatlantico.html

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135175&titular=estudiantes-universitarios-en-lucha-contra-la-reforma-neoliberal-de-la-ley-30-

http://www.kaosenlared.net/noticia/colombia-universidad-herramienta-paramilitar-regimen-amenaza-muerte-es

(5) En altísimo riesgo de ser desplazadas las comunidades que viven en zonas codiciadas por las multinacionales, como la comunidad de Marmato, cuyo párroco fue asesinado el primero de septiembre 2011 porque lideraba la oposición al megaproyecto extractivo de oro de la multinacional Medoro.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135091&titular=asesinan-a-balazos-al-sacerdote-de-marmato-que-apoyaba-la-lucha-contra-la-minera-gran-

Video documental 'Marmato pesebre de oro que grita'

http://www.youtube.com/watch?v=FuEboyypwV4

VIDEO Noticias UNO Asesinato de cura de Marmato causa conmoción

http://www.youtube.com/watch?v=4u8ERxAaR9Y&feature=player_embedded

http://www.noticiasuno.com/noticias/asesinato-de-cura-de-marmato-causa-conmocin-.html

http://www.kaosenlared.net/noticia/video-marmato-llora-oro-campesinos-ecologistas-asesinados-para-perpetr

(6) Es dramática la situación en las cárceles donde literalmente se pudren miles de prisioneros políticos, que sufren condiciones aberrantes de reclusión y torturas reiteradas. Desde el inicio del 2011 han fallecido por torturas y denegación de asistencia médica 7 presos políticos (6).

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135011&titular=se-suicida-un-prisionero-en-valledupar-por-no-reconocerle-el-traslado-cerca-de-su-familia-

(7) El informe de agosto 2011 de la Coalición Contra la Tortura: la tortura de la violencia sexual una práctica en dramático incremento incluso contra niñas y niños: “En los 107 casos en que se pudo establecer el autor del crimen de violencia sexual se encontró que los agentes del Estado son responsables del 98,14% de estos.”

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=134422&titular=1.834-torturas-fueron-documentadas-entre-2001-y-2009.-el-estado-es-responsable-del-90-por-

(8) Fosa Común con 2000 cadáveres detrás del Batallón militar en la Macarena, Meta:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=99507

(9) En mayo 2011 el CINEP publicó un informe en el que evidencia que los asesinatos de civiles a manos de militares, lejos de disminuir, han aumentado bajo la presidencia de Santos. Informe especial Falsos Positivos 2010 El Cinep afirma que aumentaron las víctimas de asesinatos de civiles a manos de militares

http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1981:el-cinep-afirma-que-aumentaron-victimas-de-asesinatos-de-civiles-a-manos-de-militares-mas-falsos-positivos-&catid=103:violacion-de-dh&Itemid=447

(10) Presos políticos: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129835

(11) Desaparición Forzada, crimen de estado en Colombia de dimensiones dantescas:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=129256

(12) Desplazamiento forzado CODHES cifra los millones de personas desplazadas en 5,2, en el informe de noviembre 2010

(13) El Gobierno beneficia a las multinacionales mineras en detrimento del medio ambiente y las comunidadeshttp://www.rebelion.org/noticia.php?id=132682

Documental Colombia's gold rush:

http://www.youtube.com/watch?v=yCpYf8B1vYs&feature=player_embedded#at=161

parte del VIDEO de Al Jazeera con traducción al español: http://www.youtube.com/watch?v=XsU7QubxDDM&feature=player_embedded

(14) De los 35.000 paramilitares "desmovilizados", sólo 4 han recibido condena: Suenan reformas a la Ley "de Justicia y Paz" de 2005, tras 6 años de aterradora impunidad

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133850&titular=suenan-reformas-a-la-ley-%22de-justicia-y-paz%22-de-2005-tras-6-a%F1os-de-